El pasado 27 abril de 2004, la
titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la
Audiencia Nacional, Teresa Palacios, dictaba auto de
apertura de juicio oral contra el presidente del Santander
Central Hispano (SCH), Emilio Botín, el ex co-presidente de
la entidad, José María Amusátegui, y el ex
vicepresidente, Ángel Corcóstegui, en relación con las
indemnizaciones por valor de 56 y 108 millones de euros
cobrados por los dos últimos, respectivamente, en concepto
de "jubilación" tras su salida del SCH. La
magistrada apreció indicios de delito apropiación indebida
y de administración desleal en la actuación de los tres
imputados. Nueve meses después se inicia en la Audiencia
Nacional el juicio contra ellos.
La jueza Palacios, conocida en los pasillos de la Audiencia
como "La Garzona", solicitó a los tres banqueros
que depositaran "solidariamente" una fianza por el
valor total de las cantidades cobradas por los dos ex
directivos, es decir, 164 millones de euros, "con el
fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que
pudieran derivarse del proceso" y les advertía
"que, de no hacerlo, procedería al embargo de sus
bienes en cuantía suficiente para cubrir la fianza, tal y
como señala el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal".
Botín y sus ex socios han pretendido por todos los métodos
suspender y anular este juicio. Sin embargo, sus esfuerzos
han sido hasta el momento baldíos. La Sala Primera del Alto
Tribunal rechazó el pasado día 10 de mayo admitir a trámite
el recurso de amparo presentado por el SCH con el fin de
paralizar el procedimiento. La inadmisión fue decidida por
cuatro votos frente a dos. La postura mayoritaria fue
mantenida por Javier Delgado Barrio, Roberto García Calvo,
María Emilia Casas y Pablo García Manzano, mientras que el
magistrado Jorge Rodríguez Zapata y el entonces presidente
en funciones del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga
(que había solicitado una prórroga expresa a Rodríguez
Zapatero, entre otros asuntos, para no faltar a esta cita),
estuvieron a favor de la admisión del recurso de Botín,
con el fin de evitar que éste se sentase en el banquillo de
la Audiencia Nacional. La Sala Primera consta de seis
magistrados, y en caso de empate hubiera decido el voto de
calidad del todavía presidente.
Hoy en día, la división entre los abogados de los tres
banqueros imputados es notoria. Los letrados Javier Sánchez
Junco y Ramón Hermosilla, que defienden a Corcóstegui y
Amusátegui, respectivamente, no piensan seguir la línea
planteada por el abogado de Botín. Se da la circunstancia
que el abogado Hermosilla es el mismo que defiende a los
primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer (los Albertos) en
el "caso Urbanor".
La instrucción del caso nunca ha contado con el apoyo de la
Fiscalía ni de la Abogacía del Estado por orden expresa
primero del ex presidente Aznar y luego del ministro Solbes.
Sin embargo, la magistrada Palacios consideró que los
"contratos de oro", concedidos por deseo personal
de Emilio Botín, facilitaron a Amusátegui y Corcóstegui
una gran fortuna, con un grave coste para los intereses de
los accionistas de la entidad bancaria. Por ejemplo, José
María Amusategui, gracias a los tres contratos que firmó
(entre 1999 y el 2001) con Emilio Botín para cerrar su
salida anticipada del SCH, cobró 43,75 millones de euros
como indemnización en "reconocimiento a su
extraordinaria labor". Al mismo tiempo, percibe del SCH
una pensión de jubilación cuya "cuantía anual
bruta" es de 5.108.603 euros; una segunda pensión
vitalicia como ex consejero del SCH, cuyo importe bruto
"es igual al 70% de la remuneración actual (con
exclusión de dietas de asistencia) que reciba un Consejero
en activo de la misma categoría y puesto que él"; y,
una tercera, que supera el medio millón anual, en calidad
de ex presidente de Unión Fenosa.
Así mismo, en el contrato firmado por Emilio Botín el
14 de agosto de 2001, se reflejaba que: "D. José María
Amusátegui pasará a ocupar la presidencia de la Fundación
Santander Central Hispano, con el correspondiente despacho y
secretaria (dos secretarias). En caso de cese del Sr. Amusátegui
de la Fundación. Además [...] continuará recibiendo el
tratamiento y protocolo que corresponde a su condición de
ex presidente, servicios de vehículos con conductor y
seguridad similares a los actuales, utilización razonable
del servicio aéreo del Banco, etc."
Amusátegui.- Posee dos mansiones, una en
Marbella, en la urbanización Marbella Hill Club, y otra en
Madrid, en La Moraleja. Esta última, con diez mil metros
cuadrados, está situada cerca del Club de Golf, y de la
decoración, con muebles de estilo anglosajón, se encargó
la prestigiosa firma N. Parladé Antigüedades, ubicada en
la calle Villanueva de Madrid.
Nuestro jubilado de oro, en su dilatada carrera
profesional, ha dirigido en la sombra Altos Hornos de
Vizcaya, el INI y el Instituto Nacional de Hidrocarburos; ha
sido presidente de Intelsa, Astilleros Españoles, Cepsa, el
Banco Urquijo Unión, Unión Fenosa y, sucesivamente, del
Central Hispano y el BSCH. Su salida del SCH no le impide
actualmente participar activamente en diversas
organizaciones culturales, como la Fundación BSCH, la de
Unión Fenosa o la Ortega y Gasset, con las ventajas económicas
añadidas.
A este gaditano, nacido en San Roque en 1932, se le
considera un bon vivant que adora todo tipo de lujo:
restaurantes de moda, buen vestir, aviones privados... Por
ejemplo, su avión privado fue puesto a disposición de
conocidos periodistas para acudir a la presentación del
Mundial de Fútbol de 1996, en Francia. También le gustan
las fiestas, pero sobre todo le apasiona la caza y cuenta
con una espléndida colección de escopetas de los mejores
fabricantes de Eibar, entre las que se incluyen varias de la
marca Grulla y Pedro Arrizabalaga. Otros compradores
habituales de estas firmas son Elena Cue, Alberto Alcocer,
Rainiero de Mónaco, el rey Juan Carlos y el príncipe
Felipe de Borbón. A Amusátegui también le gustan los
safaris en África, aunque tiene fama de no ser una buena
escopeta de caza mayor.
Este hombre de aspecto campechano hace toda su vida en el
selecto barrio madrileño de Salamanca, donde ha encontrado
los establecimientos preferidos para comprar sus corbatas,
sus municiones, sus muebles y tomar café. De su vida
familiar se conocen algunos detalles. Por ejemplo, ha estado
casado en dos ocasiones: una, con su prima hermana, María
Luz Amusátegui Sandino, con la que tiene cinco hijos y
otra, con Amalia de León Blanco, su bellísima ex
secretaria del Hispano, mucho más joven que él. En los
contratos que Amusátegui firmó con Botín se recoge que
sus dos esposas se repartirán conjuntamente, la pensión de
viudedad que a su fallecimiento pueda devengarse
"mientras (éstas) no contraigan nuevo matrimonio, en
función del número de años de sus respectivos
matrimonios" con él.
Ahora dedica mucho más tiempo a sus nietos e hijos. El
mayor de sus hijos, José María Amusátegui, está casado
con María Barreiros, hija de Valeriano, conde consorte de
La Coruña, y familiar directo de Mª Luz Barreiros que fue
la esposa del editor Jesús de Polanco. Otra de sus hijas,
Inmaculada, es veterinaria, especializada en temas caninos,
y a ella, su padre, le consiguió un piso en la calle Platerías
de Madrid, en un edificio próximo a donde vivía el ex
director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.
Amusátegui cultiva amistades importantes como las de los
ex presidentes del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo
Suárez. Hace unos meses acudió al funeral de la hija de
este último (Mariam Suárez). Desde su jubilación Amusátegui
es un habitual de entierros, bodas y otros actos sociales,
como la manifestación por los atentados del 11-M, donde
estuvo junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Igualmente, sigue manteniendo una buena relación con su
fiel Angel Corcóstegui Guraya.
Corcóstegui.- Este bilbaíno, ingeniero de caminos,
de 53 años de edad, casado y con dos hijos, posee un
talante cordial y una mente lúcida. Durante varias décadas
ha sido considerado como uno de los mejores gestores y
creadores de los grandes conglomerados industriales y
bancarios de España, como la creación del Banco Santander
Central Hispano.
Corcóstegui entró en el mundo bancario de la mano de
Pedro de Toledo, el que fuera presidente del Banco de
Vizcaya. Éste le envió a Nueva York a mediados de los años
ochenta para trabajar en la sucursal del Banco en Wall
Street. Allí coincidió con colegas de otros bancos que,
después coincidirían con él en el BCH y el BSCH, como Ana
Patricia Botín, Antonio Escámez Torres y Emilio Novela
Berlín.
El llamado "ángel de las finanzas", de físico
delgado y rostro enjuto, fue el baluarte en el que se
apoyaron, sucesivamente, Pedro de Toledo (para repeler la
entrada hostil del grupo Torras-KIO), Emilio de Ybarra (con
el que fue director general del BBV tras la fusión), y
finalmente José María Amusátegui y Emilio Botín durante
la fusión entre el Santander y el Central Hispano. Pero su
cargo quedó muy debilitado tras la salida de Amusátegui
del SCH en agosto de 2001 y desde entonces no consiguió
remontar el vuelo.
Dicen que Botín no podía perdonarle los 540 millones de
euros (90.000 millones de pesetas) que se gastó en comprar
Patagon, un proyecto personal de Corcóstegui que no dio los
frutos deseados. Este hecho propició, meses más tarde, la
definitiva salida de Corcóstegui del SCH. En febrero de
2002 se marchaba alegando un "estrés
insoportable". Eso sí, lo hacía igual que su ex jefe
Amusátegui, con una millonaria indemnización de
"jubilación" y todo tipo de prebendas.
Así, el 14 de febrero de 2002, recibía mediante cheque
bancario la cantidad bruta de 65.760,74 euros "como
total retribución correspondiente a los servicios prestados
hasta el día de hoy y no abonados". Además, recibía
también seis cheques por un importe bruto total de
108.182.178,78 euros "en concepto de pago de sus
derechos derivados de las estipulaciones cuarta del contrato
de 19 de abril de 1999 y novena de la addenda de 14 de
agosto de 2001".
A su vez, en el contrato se incluía una cláusula donde se
pactaba un "servicio de seguridad en su domicilio de
Madrid, 24 horas, 365 días al año" y "un
servicio de protección de un escolta". En la citada cláusula
se indicaba literalmente que el SCH "repercutirá a D.
Ángel Corscóstegui el ingreso a cuenta del IRPF
correspondiente a dicho servicio de seguridad personal en la
fecha en que efectúe el debido ingreso en el Tesoro Público".
Además, tras marcha del Banco, Corcostegui se convirtió en
un aspirante "a todo". Por ejemplo, a la consejería
delegada de Repsol o a la de Telefónica. Pero no fue así.
Corcóstegui decidió crear una sociedad de valores y
asesoramiento, junto con otros ex directivos del SCH como
Baldomero Falcones, Julián Martínez-Simancas y Fernando
Gumucio, para orientar a grandes grupos industriales. Sin
embargo, el proyecto no llegó a buen puerto. Actualmente,
Corcóstegui asesora en solitario a empresas e
inversionistas en el despacho que posee en la calle Fortuny
de Madrid. Además, es miembro de la Fundación España-EEUU,
que preside Antonio Garrigues Walker; del Patronato para la
Modernidad de España, promovido por Glaxo Wellcome; y ha
sido elegido miembro del Alto Consejo de la Ingeniería Española.
Ahora, en el juicio oral lo que está en juego es la validez
de una práctica muy habitual en el mundo de la gran
empresa: tender un puente de plata para facilitar la salida
"del enemigo". La acusación particular, que
ejercen el abogado y accionista minoritario del SCH, Juan
Francisco Franco Otegui, y el banquero Rafael Pérez
Escolar, pretende demostrar que Emilio Botín pagó con
dinero de todos los accionistas del SCH la marcha
"voluntaria" de Amusátegui y Corcóstegui para
que le dejaran a él todo el poder.
La acusación se pregunta por qué los citados acuerdos
(ver recuadros adjuntos) no se incluyeron en el orden del día
de la Junta General de Accionistas donde se aprobó la fusión,
ni se reseñaron en las cuentas de los ejercicios de 1999,
2000 y 2001. El abogado Franco Otegui mantiene que los
Estatutos del SCH "no contemplan la posibilidad de
abonar cantidad alguna a los miembros del Consejo por su
cese o jubilación".
Por eso, solicitan para los tres banqueros implicados
penas que oscilan entre los 4 y los 12 años de prisión.
Concretamente, piden 12 años de cárcel para Botín y de 8
años para los otros dos acusados en el caso de que sean
encontrados culpables de apropiación indebida, o bien 6 años
para el presidente del SCH y 4 años de prisión para Amusátegui
y Corcóstegui si son condenados por administración
desleal, además de multas millonarias y la inhabilitación
de los imputados para ejercer como administradores en
cualquier entidad mercantil. Tres banqueros de los llamados
"de postín": Botín, Amusátegui y Corcóstegui
pueden en un futuro no muy lejano estar de nuevo juntos,
pero esta vez en prisión. La Justicia ha puesto a la Banca
en entredicho. |