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El primer escándalo del nuevo gobierno regional de Castilla-La Mancha, que encabeza el socialista Barreda tras la marcha a Madrid del sempiterno José Bono para ocupar la cartera del Ministerio de Defensa, ya ha saltado. Y lo ha hecho en uno de los estamentos administrativos con más renombre: el cuerpo de los servicios jurídicos. La historia se remonta al año 2000. Así, por Orden de la Consejería de Administraciones Públicas (en adelante CAP) de fecha 10-04-2000 se convocaron 48 plazas de la especialidad Jurídica y 5 de Administración General, del Cuerpo Superior, para ser cubiertas por el sistema general de acceso libre, en la modalidad de concurso-oposición (si bien conforme al Real Decreto 364/1985, el sistema normal de selección será la oposición). Esta convocatoria fue impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Con fecha de 23 de octubre de 2000, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal dictó sentencia en los autos 405/2000, anulando la Orden de la CAP, con alcance limitado a las especialidades de examen Jurídica y de Administración General. La firmeza de la Sentencia fue comunicada el 27 de febrero de 2004, procediéndose a convocar nuevamente el proceso selectivo para dichas especialidades por Resolución de 22-03-2004 de la CAP, con un total de 64 plazas: 53 de la Especialidad Jurídica y 11 de Administración General.
Tras la remodelación del cuerpo ejecutivo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en adelante JCCM) después del nombramiento de José Bono como Ministro de Defensa, se fijó el 4 de septiembre de 2004 como fecha de realización del primer ejercicio, consistente en un examen tipo test.
El examen de la Especialidad Jurídica se apartó de los criterios seguidos por los Tribunales de anteriores convocatorias, incorporando preguntas de gran dificultad debido al nivel de detalle exigido. Ante tal panorama, los opositores, más de 700, salieron apesadumbrados y extrañados pues de todos es sabido que la JCCM necesita los servicios de funcionarios de esta Especialidad.
El mismo día 7 de septiembre empiezan a circular rumores y correos electrónicos acerca de que entre los pocos que iban a aprobar se encontraban familiares y personas ligadas a altos cargos de la Administración regional con notas brillantes.
El Tribunal designado por la Consejera de Administraciones Públicas, Llanos Castellanos, se reúne el 24 del mismo mes para corregir los exámenes, con el resultado desolador de sólo 11 aprobados.
El día 27 se convoca al Tribunal para la apertura de las plicas de los 11 aprobados, pero el Director General de la Función Pública (en adelante DGFP), Javier Sobrino, se presente y sugiere al Presidente del Tribunal, Luis Mozo Gallego (Delegado Provincial de Obras Públicas en Ciudad Real), que no es necesario que abran las plicas pues la Consejera va anular la convocatoria.
Esta anulación tendría por objeto evitar el conocimiento de la identidad de los aprobados y que de esta forma no existiera prueba palpable respecto de la vinculación con altos cargos. Pero el día 28 se reúne parte del tribunal, y desoyendo las consignas del DGFP, deciden abrir las plicas convirtiéndose en realidad lo que hasta ese momento eran simples rumores.
Ante tal despropósito, varios miembros del Tribunal, deciden presentar la dimisión, y los acontecimientos se precipitaron y la Consejera cesa al DGFP, si bien el manifiesta que dimitió, y, por Resolución de 29 de septiembre de 2004, decide suspender el proceso selectivo, fundamentando dicha medida provisional en supuestas llamadas y correos electrónicos sobre la
no idoneidad de la prueba y la posible existencia de alguna incompatibilidad de algunos aprobados respecto del personal implicado en concreto en este proceso selectivo, ordenando una investigación interna.
La casualidad es que de entre los 11 aprobados se encuentran las siguientes personas, con las siguientes notas:
1. Hector Álvarez Sobrino, sobrino del DGFP, con una puntuación de 27.53 (la más alta)
2. Mª Dolores Sánchez Navarro, jefe de sección de Transportes de la Delegación Provincial de Ciudad Real y compañera de trabajo del Presidente del Tribunal, con 24.85 puntos
3. Mª Raquel Jiménez Iglesias, novia del anteriormente citado Héctor Álvarez, con una nota de 22.98
4. Celsa Flores Andrade, personal eventual en el Ministerio de Defensa , con 21.70
El viernes 1 de octubre, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Nuevas Generaciones Provincial de Toledo y sindicato CIS-CSIF solicitaron una investigación completa al más alto nivel, así como la asunción de responsabilidades de la Consejera.
El pasado 5 del corriente, en Comisión Parlamentaria la Consejera no dio ningún tipo de explicaciones sobre el contenido de las supuestas llamadas y e-mails, ni la identidad de los supuestamente "enchufados", manteniendo dicha actitud el día siguiente ante el Pleno de las Cortes. Además manifestó su intención de trasladar la investigación a la Justicia y reformar la Ley de Acceso a la Función Pública.
En conclusión, si bien no existen hechos materialmente probados sobre la posible filtración del examen, son muchas las casualidades. Y, como es natural, nadie dimite ni es cesado a la espera de que el caso se esclarezca, pero todo apunta a un presunto delito de prevaricación.
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