La Ciudad Autónoma de Melilla, con cerca de 70.000 habitantes y 14 kilómetros cuadrados de extensión, es una bomba de relojería. Es una ciudad sin ley aparente, con cruces de querellas, nepotismo, rencores, odios personales, insultos, descalificaciones, irregularidades en la venta de los antiguos terrenos militares, en definitiva, intentos por parte de los poderes fácticos de controlar la Ciudad al precio que sea, máxime cuando para el año 2010 está previsto la supresión de los aranceles y el fin del comercio atípico, más conocido como el contrabando con Marruecos. A ello se une que en la ciudad marroquí de Nador, situada a unos 20 kilómetros de la frontera, se ubicará uno de los más lujosos puertos deportivos del Mediterráneo, con el capital económico añadido que ello conlleva, y donde el aeropuerto de Melilla se prepara como puerta de entrada.
Pero la sombra de duda en Melilla se fragua sobre la figura de su presidente Juan José Imbroda y en dos querellas sobre su figura que en estos momentos estudia el Tribunal Supremo en la Causa Especial nº 13/04. El magistrado de su Sala Segunda, Enrique Bacigalupo Zapater, investiga la presunta irregularidad en las ventas, cesiones y permutas de los terrenos militares, que pertenecieron en su día al ministerio de Defensa, y que pasaron a pertenecer a la administración de la Ciudad Autónoma. También estudia un informe de la policía judicial sobre la duplicidad en el cobro de dietas de desplazamiento por parte de Imbroda. El Supremo debe determinar si el presidente de Melilla percibe cantidades en sus desplazamientos a la capital de España por dos vías: una, como senador del PP y otra, como presidente de la Ciudad. El hecho de que el presidente y senador Imbroda sea persona aforada ha obligado al Supremo a investigar esta causa que le fue remitida a comienzos de años tras las primeras diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Melilla, cuyo titular por entonces era Francisco Manuel Oliver Egea (ahora destinado en Torremolinos). El juez Oliver, a quien Imbroda acaba de denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es un hombre muy próximo al que fuera ministro de Justicia por el PP, José María Michavilla, y estaba en Melilla en comisión de servicios, dándose la coincidencia que su mujer, Gemma Dolores Sole Mora, es también jueza de la Ciudad, en concreto del Juzgado de Instrucción º 3 que también instruye procedimientos contra Imbroda.
Estos presuntos "contubernios" judiciales hicieron que el pasado mes de julio los inspectores del CGPJ se desplazaran hasta Melilla para elaborar un informe interno a raíz de una denuncia sellada con el número de referencia 295/2004. La preocupación dentro del CGPJ es grande y, en breve, se espera que se haga público este informe al que ahora se une una denuncia de Imbroda ante el presidente Francisco Hernando por cómo se están llevando los procedimientos judiciales contra su persona, ya que considera que existe "una campaña judicial inquisidora". El CGPJ debe determinar si el funcionamiento de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla, que preside el magistrado José Luis Rodríguez, es o no el correcto.
Se da la circunstancia de que dos presidentes de los cuatro que ha tenido Melilla hasta el momento han sido inhabilitados posteriormente por la Justicia española para ejercer cargos públicos. Se trata de Ignacio Velázquez (PP, de 1991 a 1998) y de Enrique Palacios (PP, de 1998 a 1999). Pero, además, antes de ser Ciudad Autónoma, también fue inhabilitado el alcalde Gonzalo Hernández (PSOE, que estuvo de 1983 a 1991). Y ahora, el Supremo investiga la gestión de Imbroda.
Según el denunciante, Enrique Palacios, que fuera presidente de la Ciudad Autónoma por el PP y hoy líder del Partido Independiente de Melilla, "en innumerables ocasiones ha estado percibiendo dietas dobles de desplazamiento. Las argumenta como visitas a distintos Ministerios, dándose la casualidad que se realizaban en días de sesiones en el Senado". Por su parte, Imbroda ha presentado al Supremo un escrito de los servicios jurídicos del Senado donde se afirma que "no percibe dietas por asistencia", aunque en el escrito si se contempla "la indemnización por desplazamiento urbano", además de su asignación por ser senador.
Para el hermano y abogado del presidente de Melilla, "se han manipulado los datos. Denuncian un importe mensual y periódico que va a la cuenta de UPM, donde Juan José Imbroda figuraba como firma autorizada. Pero se trata de un ingreso, como lo hace el PP y el PSOE, de los gastos de funcionamiento en la Asamblea que corresponden oficialmente al grupo de UPM. Y con ese importe, mi hermano pagaba los sueldos del asesor de UPM, Daniel Conesa, y de la auxiliar administrativa, Maria Isabel García, pero nunca iban a parar a él. La policía ha visto el ingreso pero no ha seguido su salida".
El otro procedimientos que estudia el magistrado Bacigalupo es el convenio urbanístico que fue suscrito en 1997, cuando gobernaba el PP en Melilla. En esa fecha, el Ministerio de Defensa cedió la parcela urbana 15.545, situada en la calle General Astilleros nº 88, al Ayuntamiento de la ciudad con una cláusula en la que se indicaba expresamente que la misma solo podría destinarse a fines sociales. La parcela luego fue cedida a una empresa constructora
denominada "Llanos de Hidúm" como contrapartida a otra operación de compra de un solar. El Ayuntamiento valoró esta finca en 20 millones de las antiguas pesetas aunque su valor de mercado superaba los 50 millones. Además se incumplía presuntamente la cláusula impuesta por Defensa, de dedicarla a fines sociales. Se da la circunstancia de que la sociedad "Llanos de Hidúm" la constituían el hoy decano de los abogados melillenses Blas Jesús Imbroda Ortiz, hermano del actual presidente de la Ciudad autónoma; el socio de éste y destacado militante de UPM, Miguel Ángel Hernández; el constructor José Peña Villalba y, el empresario Juan Manuel Funez Hidalgo. El Supremo investiga si hubo trato de favor, aspecto que el abogado de Imbroda, su propio hermano Blas Jesús, niega con rotundidad, "dado que por esas fechas Juan José ejercía una oposición muy dura al gobierno popular de Ignacio Velázquez. Y además se abstuvo en la votación".
Juan José Imbroda es senador desde el mes de marzo de 2000 y presidente de la Ciudad desde julio de 2000. Imbroda controla el gobierno de Melilla gracias a los 15 diputados de su partido UPM, ahora PP, mientras que la oposición está representada por 7 diputados de Coalición por Melilla (CPM), el partido del líder musulmán Mustafa Aberchán, y 3 del PSOE. En la actualidad, Juan José Imbroda figura en la página web del Senado como integrante de la Comisión de Defensa y de la de Suplicatorios. Precisamente, esta última será la que deba estudiar su caso si el Tribunal Supremo se declara finalmente competente en caso de encontrar indicios de culpabilidad. Por el momento, el magistrado Bacigalupo sigue analizando las pruebas aportadas y ya ha comunicado al Juzgado de Instrucción nº 5 de Melilla que "las actuaciones queden en suspenso" hasta que la Sala Segunda se pronuncie.
La oposición opina que "Melilla es otro mundo. Estamos esperando que haya una primera resolución para ser los primeros en pedir responsabilidades y explicaciones. Por ahora, lo que ha creado Imbroda ha sido una comisión de investigación dirigida y controlada por él para determinar si es o no inocente". Este hecho, de arrogarse presuntamente competencias jurisdiccionales, ya ha sido denunciado por varias asociaciones, como SOS Melilla y la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, ante el Consejo General del Poder Judicial.
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