El compadreo político por el control de las
Cajas de Ahorro (II)
Por Juan Luis Galiacho
En la carrera por el control de la vida pública española, las
Cajas Ahorros ocupan hoy, con creces, el terreno que está dejando libre la gran banca dentro del tejido industrial. Las Cajas han incrementado sus participaciones en las principales empresas del país y
están presentes en más de 120 sociedades cotizadas en
Bolsa. Los datos son claros: las 46 entidades de ahorro lograron en el 2004 un beneficio neto de 4.153 millones de euros, un 103% más que el año anterior. Esta rentabilidad, que en algunos casos no sólo es económica, hace que la presencia de los gobiernos autonómicos y de los partidos políticos sea cada día mayor en estas entidades.
Así ocurre en el País Vasco, donde el Gobierno nacionalista del PNV-EA-IU ha potenciado la creación de una única Caja de Ahorros vasca que fusione las tres cajas actuales:
la vizcaína BBK, la guipuzcoana Kutxa y la alavesa
Vital. Se trata de conformar una gran Caja Pública Vasca que sería una especie de Banco
Público Vasco, para de esta forma controlar para siempre las haciendas de sus súbditos. Los presidentes de las tres Cajas,
Xabier de Irala (ex de Iberia), Carlos Etxepare y
Gregorio Rojo, respectivamente, han mostrado ya públicamente su intención de continuar trabajando para alcanzar este objetivo, que se quiere que esté ultimado para el 2007. El
PP ya ha mostrado su rechazo al plan, al asegurar que la
futura "macrocaja" estaría en manos del Gobierno vasco.
Lo mismo ocurre en Cataluña, donde el Tripartito (PSC-ER-IU) no ha querido quedarse atrás en esta cuestión y en la actual ponencia del Estatuto ha decidido meter mano a las Cajas de Ahorro. La Generalitat de Maragall, que actualmente se limitaba a dar el visto bueno a la elección del órgano directivo de las entidades financieras, gracias a este
Estatuto tendrá el poder más absoluto en los procesos de decisión de las Cajas y, sobre todo, decidirá adónde van a parar los fondos que, por ejemplo,
la Fundación La Caixa destina a proyectos sociales. Todo un privilegio, puesto que se trata de la Fundación que más dinero reparte en obras sociales en España: cerca de 250 millones de euros al año.
También en Andalucía, el socialista Manuel Chaves pretende fusionar todas las cajas de ahorro andaluzas en una
"sola y grande", para un mejor control político y financiero.
Chaves pretende la fusión en una Caja Única de las seis Cajas de Ahorros de Andalucía
(La General de Granada, El Monte de Huelva y Sevilla, Caja Jaén, Cajasur de Córdoba, San Fernando y
Unicaja). Ya lo intentó en su día de la mano de su peón financiero de confianza
Braulio Medel, hoy presidente de Unicaja. Chaves siempre ha querido para Andalucía una entidad única capitaneada por
Unicaja, o sea, por el propio PSOE, que fue a lo que se opusieron en su día los presidentes de las cajas de El Monte y San Fernando, las dos entidades sevillanas protagonistas de la frustrada fusión.
También se vive una situación similar en la comunidad
valenciana. Allí, la fusión de las dos grandes cajas de ahorro:
Bancaixa, con sede en Valencia y en Castellón, y la
Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM), mayoritaria en Alicante, es un deseo de todos los sucesivos presidentes de la Generalitat, que desean apoyarse en un brazo financiero de primer orden. Actualmente, la batalla por este control único enfrenta a los partidarios de
Eduardo Zaplana, hoy portavoz del PP en el Congreso y ex presidente de la comunidad, con los de
Francisco Camps, actual presidente de la Generalitat valenciana.
Tanto es el deseo de control político que en esta comunidad se creó una ley que modificó la representación institucional en las
Cajas, dando el poder a los consejeros en representación de la Generalitat, antes inexistentes, y en detrimento de los consejeros de los ayuntamientos, los impositores y las entidades fundacionales. Como resultado, los representantes designados por el poder autonómico se convirtieron en mayoritarios por primera vez en las asambleas de ambas Cajas. Este enfrentamiento en el seno del
PP valenciano entre los dos bandos, uno alineado con el actual presidente,
Francisco Camps, mayoritario en Valencia y Castellón, y el otro con su predecesor,
Eduardo Zaplana, mayoritario en Alicante, ha herido de muerte a
Cartera de Participaciones Empresariales (CPE), la sociedad conjunta que se instituyó como alternativa de la utópica fusión.
Un enfrentamiento entre facciones políticas del mismo partido que también se ha producido en
Galicia por el control de Caixanova y Caixagalicia, las dos grandes cajas gallegas. Y que ocurrió en
Castilla-La Mancha, entre CCM (la Caja de Castilla-La Mancha que preside el socialista, pro Bono,
Juan Pedro Hernández Moltó, que fuera responsable de la comisión de Economía del Congreso de los Diputados) y
Caja Guadalajara, antes controlada por el PP.
Una entidad muy unida al PP que ha movido ficha últimamente ha sido
Caja Madrid, cuyo presidente actual es el jienense Miguel
Blesa, que llegó a la presidencia con el apoyo de su íntimo amigo y compañero de carrera
José María Aznar. Su consejo de administración, donde también siempre ha tenido peso Izquierda Unida, ha decidido en los últimos tiempos invertir fondos haya donde algo se mueva. Por ejemplo, hace unos meses destinaron 760 millones de euros a la compra del 9 por ciento del accionariado de la
eléctrica Endesa, hoy de moda por la OPA sobre ella de Gas Natural (es decir, La Caixa- PSC- PSOE de Zapatero).
Caja Madrid también está presente en el accionariado de Indra, Iberia, NH Hoteles, Endesa y Sogecable.
Pero la reina de todas estas operaciones inversoras es La
Caixa, el primer grupo industrial de España. El 7% de su balance, 135.000 millones, está invertido en empresas, más del doble que la media del sector. La entidad catalana tiene paquetes accionariales en empresas y bancos estratégicos como el
brasileño Itaú, valorado en 530 millones, aunque ya ha vendido sus participaciones en el
Deutsche Bank, en el Banco Popular de Puerto
Rico, en la Société Monégasque de Banque Privée y en la
CaixaBank Suisse. Pero sigue manteniéndose en un lugar preferente en empresas como Panrico, Caprabo, Edicions 62, Occidental Hoteles, la inmobiliaria Colonial, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Banco de Sabadell, Repsol, Enesa e Iberdrola.
Como se observa, las Cajas de Ahorro están sometidas a codicias de muy distinto tipo. Por ejemplo, las entidades crediticias han
condonado a los partidos políticos en los últimos doce años
más de 26 millones de euros, lo que supone más 4.500 millones de las antiguas pesetas, según datos de la intervención del Tribunal de Cuentas. Por eso la lucha para mantenerlas independientes del control político se ha perdido hoy en día.
