El Gobierno de ZP intenta silenciar al poder judicial
Por Juan Luis Galiacho
Me lo decía muy claro y alto, hace unos días, el magistrado
Juan Pablo González, uno de los vocales del grupo mayoritario del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "la crítica que se le está haciendo al presidente
Hernando es absolutamente injusta, porque su parecer cuenta en todas sus manifestaciones con el aval mayoritario del órgano que preside. Y porque, además, las opiniones del presidente son el reflejo de una sentida preocupación, absolutamente generalizada, en toda la carrera judicial. En cualquier caso,
se puede discrepar y criticar, pero lo que no se puede es, como han hecho algunos vocales y representantes del partido socialista,
caer en el insulto personal y en la desconsideración
institucional. Esta reacción sobre sus manifestaciones reflejan un clima de intolerancia en aquellos que presumen de todo lo contrario: de un talante del que no hacen gala. La tan proclamada voluntad de llegar acuerdos y de integrar a todos los sectores en la reforma no se corresponde con la realidad. Se quiere
silenciar a todos aquellos que discrepan de las intenciones del Gobierno".
Para una mayoría de los ciudadanos sería de una grave irresponsabilidad que ante una situación como la que se vive hoy en España, donde está en juego la Constitución, el
CGPJ permaneciera callado. Además, el tantas veces invocado talante democrático del Gobierno no se corresponde con el intento de silenciar al órgano de gobierno del poder judicial, que no pretende en modo alguno suplantar al Parlamento sino simplemente
dar su opinión para enriquecer un debate sobre una cuestión que le afecta. Pero parece que en el Gobierno existe auténtico
miedo al dialogo, al debate y a la confrontación de ideas, posiblemente porque los mismos que proponen el
Estatuto son conscientes de que éste no se acomoda a la Constitución española.
Me lo decía también así de claro el magistrado González González, el vocal territorial del
CGPJ en el País Vasco: "La gran preocupación que tenemos desde el poder judicial es que aprovechándose de la polémica generada por otras cuestiones de mayor actualidad, como
definir el concepto de nación o la financiación económica, una reforma de tanto calado a medio y largo plazo como es la del sistema de
modelo de unidad del poder judicial pase desapercibida. Que se consolide y se convierta en moneda de cambio para la aprobación del texto definitivo del Estatuto por las Cortes. Eso tendría unas consecuencias tremendamente
perturbadoras para la independencia judicial en nuestro país como garante que es de la integridad jurídica y política del Estado. Una integridad que quedaría absolutamente devaluada sin el mantenimiento del principio de unidad jurisdiccional y de gobierno"
No es nada nuevo que desde ámbitos políticos, esencialmente nacionalistas, se desarrolle una campaña mediante la ilegitimación abrupta de los jueces y magistrados que trate de obstaculizar la labor que desarrolla, por ejemplo la Audiencia Nacional, como se ha visto en el
macrojuicio de la Casa de Campo contra las organizaciones callejeras que dan apoyo logístico a ETA. Ha habido declaraciones absolutamente inaceptables, como la del Parlamento vasco solicitando el archivo del procedimiento o una declaración institucional del Gobierno vasco en la que se decía poco menos que este proceso era una declaración de guerra contra Euskadi y que nadie dudaba que había un interés político detrás. Ese tipo de declaraciones constituyen una
injerencia inaceptable en la labor del Poder Judicial y demuestran, una vez más, la incapacidad del Gobierno vasco para entender correctamente el principio de separación de poderes y la independencia de los jueces. Desgraciadamente se valoran las actuaciones judiciales en función de los intereses partidistas, según les convenga.
El vocal territorial del CGPJ en el País Vasco vocal me dejaba
intuir que los jueces tienen como enemigos, en muchas ocasiones, a los
poderes públicos: "Por ejemplo, en el País Vasco se vive en una
calculada ambigüedad que trata de confundir a la ciudadanía. Se producen al mismo tiempo declaraciones formales de apoyo a los jueces y magistrados y de forma paralela existen otras declaraciones que
tratan de deslegitimar al poder judicial. Así, al mismo tiempo se impulsan proyectos políticos que tratan de suplantar el poder judicial del Estado por uno propio. El
Gobierno vasco no oculta la voluntad de conseguir un
poder judicial propio que le permita ser impune en muchos de sus comportamientos. Y el gran obstáculo para conseguir ese objetivo es el poder judicial del Estado, como garantía de independencia de los tribunales. Lo malo es que el actual Gobierno español intenta silenciar a quienes discrepan de él, aceptando de alguna manera el
chantaje y la imposición de grupos nacionalistas que incluso tienen aprehensión a la hora de pronunciar la palabra España. Grupos que pretenden suplantar el modelo constitucional por otro que responde a sus
intereses soberanistas e independentistas, que no son los intereses de la mayoría de los ciudadanos españoles".
El nuevo proyecto del Gobierno Zapatero de crear Consejos de Justicia Autonómicos, que se aprobó el pasado viernes día 9 diciembre en Consejo de Ministros, es uno de los hechos que
más preocupación está generando en el mundo judicial. Al extremo que todos los presidentes de Audiencia, Jueces Decano, así como todas las asociaciones judiciales, excepto Jueces para la Democracia, que técnicamente sólo representa a un 9 por ciento, se han pronunciado en contra de esta propuesta.
Según los vocales mayoritarios del CGPJ, "este proyecto constituye un
verdadero Golpe de Estado a nuestro modelo de Justicia y se aparta del modelo que fue diseñado por la
Constitución de 1978. Supone un sometimiento del Gobierno a los postulados y pretensiones nacionalistas. De hecho en el Pacto de Estado de la Justicia de 2001 no se contemplaba en modo alguno la creación de estos Consejos autonómicos, que fundamentalmente van a propiciar la
fragmentación del poder judicial y van a acentuar la
politización de la Justicia en el ámbito autonómico. Es un paso más en la construcción de poderes judiciales propios y en la injerencia de los poderes autonómicos en lo que se ha llamado
núcleo reductivo del poder judicial, es decir, el gobierno de jueces y magistrados. Resulta increíble que todavía haya algunos que consideren que más autonomía equivale a más eficacia y a más democracia. En determinados ámbitos no es así y, en concreto, en el judicial, donde es conveniente que se adopten decisiones a cierta distancia para evitar las corruptelas y clientelismos que merodean en los campos locales y autonómicos.
Si estas propuestas triunfaran daríamos un paso atrás de 100 años
en lo que es la organización de la Justicia en España".
Pero lo peor es que, además, estas reformas tienen el agravante de que se están haciendo al margen de cualquier intento de búsqueda de un consenso. Es, como se observa, otra acción más del presidente Rodríguez Zapatero para aplicar su rodillo y silenciar a quien discrepa de él.
