El archivo ha estado motivado por la declaración de ilegalidad de diversas escuchas telefónicas acordadas por el Magistrado-Juez Instructor. Esta actuación jurisdiccional supone un grave atentado contra el secreto de las comunicaciones, que garantiza el apartado 3 del artículo 18 de nuestra Constitución y demás legislación ordinaria de aplicación. Además, constituye un descrédito público para la Justicia que asuntos que han causado tanta alarma social resulten finalmente archivados por defectos de forma, lo que contribuye a crear en la opinión pública una idea de impunidad en relación con actos cometidos por Autoridades públicas y personajes con influencia económica. A esta idea contribuye el hecho de que el mismo Magistrado-Juez Instructor acordara también escuchas ilegales durante el año 1992, en unas diligencias en las que resultaba imputado como presunto autor de un delito de cohecho el Senador del Reino por Melilla, D. Carlos Benet Cañete, diligencias que también fueron archivadas por el mismo motivo. Sobre este último hecho interesamos que por el Consejo también se realicen las averiguaciones oportunas para su confirmación".

Estos presuntos "contubernios" judiciales ya hicieron que el mes de julio de 2005 los inspectores del CGPJ se desplazaran hasta Melilla para elaborar un informe interno a raíz de una denuncia sellada con el número de referencia 295/2004. Por eso la preocupación dentro del CGPJ es grande y ahora se une esta denuncia de la Asociación de Derechos Humanos ante el presidente Francisco Hernando por cómo se están llevando los procedimientos judiciales. El CGPJ debe determinar de una vez por todas si el funcionamiento de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla es o no el correcto.

Se da la circunstancia de que dos presidentes de los cuatro que ha tenido Melilla hasta el momento han sido inhabilitados posteriormente por la Justicia española para ejercer cargos públicos. Se trata de Ignacio Velázquez (PP, de 1991 a 1998) y de Enrique Palacios (PP, de 1998 a 1999). Pero, además, antes de ser Ciudad Autónoma, también fue inhabilitado el alcalde Gonzalo Hernández (PSOE, que estuvo de 1983 a 1991). Y ahora, el Supremo investiga la gestión del actual presidente Juan José Imbroda, vinculado al PP. 

Juan José Imbroda es senador desde el mes de marzo de 2000 y presidente de la Ciudad desde julio de 2000. Imbroda controla el gobierno de Melilla gracias a los 15 diputados de su partido UPM, ahora PP, mientras que la oposición está representada por 7 diputados de Coalición por Melilla (CPM), el partido del líder musulmán Mustafa Aberchán, y 3 del PSOE. En la actualidad, Juan José Imbroda figura en la página web del Senado como integrante de la Comisión de Defensa y de la de Suplicatorios. Precisamente, esta última será la que deba estudiar el caso si el Tribunal Supremo se declara finalmente competente en caso de encontrar indicios de culpabilidad en la gestión de Imbroda.

En definitiva, la Ciudad Autónoma de Melilla vive intentos por parte de los poderes fácticos de controlar la Ciudad al precio que sea, máxime cuando para el año 2010 está previsto la supresión de los aranceles y el fin del comercio atípico, más conocido como el contrabando con Marruecos. A ello se une que en la ciudad marroquí de Nador, situada a unos 20 kilómetros de la frontera, se quiere ubicar uno de los más lujosos puertos deportivos del Mediterráneo, con el capital económico añadido que ello conlleva, y donde el aeropuerto de Melilla se prepara como puerta de entrada.