Por Juan Luis Galiacho

Según consta en el sumario (Procedimiento Abreviado 53/92), durante los años 1988 y 1989, el Banco de Santander presidido por Emilio Botín manejó cerca de medio billón de las antiguas pesetas presuntamente en "dinero negro", un dinero que era desconocido por la Hacienda Pública y que provenía de fuentes financieras ilícitas y con el único ánimo de conseguir importantes beneficios indebidos. 

Para ello, según se dice en la instrucción judicial, "el Banco, bajo el respaldo protector de su nombre y su prestigio, garantizó a sus clientes que nunca facilitaría al Fisco la identidad de los titulares efectivos de las operaciones ni el carácter ni circunstancias de las mismas". 

Tras más de quince años de instrucción judicial, una de las más largas jamás practicada en España, se ha podido demostrar que Botín y sus hombres lograron cerrar 42.274 cesiones de crédito por un valor total de 432.965 millones de las antiguas pesetas, que a día de hoy significaría una presunta defraudación de más de medio billón. En los más de 30 tomos que abarca el procedimiento judicial que ha llevado la jueza titular del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, se indica que cuando el Banco fue requerido por la Administración Tributaria para facilitar el nombre real de los titulares de las operaciones, ofreció a sus clientes [entre ellos, la Compañía Telefónica, Cartera Central, Torras Hostench de Javier de la Rosa, Hoteles Mallorquines de Escarrer, etc…] realizar falsos cambios de titularidad en las cesiones de crédito ya formalizadas, "proporcionando a la Hacienda Pública identidades falsas como si en realidad correspondiesen a los titulares efectivos de las operaciones. Todo ello con el fin de que los interesados pudieran defraudar a la Hacienda Pública la cuota tributaria que venían obligados a pagar como consecuencia del afloramiento de los capitales ocultos".

La investigación judicial ha podido contrastar, con pruebas fehacientes, que dicha información era falsa sobre 9.566 operaciones de cesiones de crédito. Pero, además, paralelamente a ello, la policía judicial ha comprobado que el Banco Santander puso en marcha una operativa presuntamente fraudulenta por la cual los empleados del banco, mediante instrucciones directas de los asesores personales de Emilio Botín, simularon contratos y resguardos provisionales con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizados por terceras personas y no por los verdaderos titulares. 

Fallecidos, emigrantes y desvalidos fueron utilizados

Según obra en el sumario del "caso cesiones" al que ha tenido acceso e-defensor, para ejecutar ese plan, Botín y sus hombres (entre ellos, el abogado del Estado Rodrigo Echenique, el también abogado del Estado José Ignacio Uclés, Joaquín Barón, Ricardo Alonso, Lorenzo Solana…) declararon como titulares de dichas cesiones a personas fallecidas, a emigrantes no residentes en España, a ancianos desvalidos, a trabajadores en paro, a familiares de empleados del banco y hasta antiguos clientes que ya no tenían relación alguna con el Banco de Santander. Todo ello indica que bastaba con cualquier identidad falsa que permitiera consumar la actuación presuntamente defraudatoria.

Además, en otras ocasiones, simplemente se señalaba correspondía "al portador". Esta información defectuosa fue entregada de este modo, según consta en la instrucción judicial, por orden directa del abogado del Estado en excedencia Rodrigo Echenique, un gran conocedor de las cuestiones tributarias, y por entonces consejero delegado del Banco Santander. 

Además, ante el temor que los inspectores siguieran investigando por su cuenta y riesgo, el propio Emilio Botín se dirigió personalmente a uno de los pesos pesados del PSOE, el hoy presidente del Parlamento Europeo y ex ministro de Economía, José Borrell, con el aparente fin de dar por zanjada la investigación, según obra en los folios 546 al 548 de la pieza documental del sumario. Según la acusación del caso, que representa la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, "estos son los métodos al alcance de las personas excepcionalmente poderosas, los demás tenemos que ajustarnos al procedimiento que marca la ley". Hay que reseñar que el Banco Santander ha financiado muchas campañas electorales del PSOE, algunos de cuyos créditos fueron pasados en su día a la contabilización del Banco como "fallidos".

Pero donde la investigación judicial ha comprobado que más identificaciones falsas se realizaron fue en la isla de Tenerife, donde se utilizaron como titulares ficticios de las operaciones a emigrantes españoles residentes en Venezuela, sobre los cuales no existía riesgo fiscal alguno. También se han identificado a personas fallecidas con anterioridad a la formalización de las cesiones, a personas con el subsidio de desempleo y a pensionistas modestos. E, incluso, según la instrucción judicial, se utilizó el nombre de ancianos internados en residencias geriátricas que resultaron ilocalizables cuando se inició la labor judicial de comprobación. Todos estos datos que aquí se apuntan figuran en los informes periciales que obran en los tomos 29,30, 31 y 32 del sumario "caso cesiones".

Compleja operativa conocida por el nombre en clave de "Las directrices de enero"

En la investigación realizada por e-defensor sobre el sumario del "caso cesiones" (Procedimiento Abreviado 53/92 del Juzgado Central de Instrucción nº 3) siguen apareciendo novedosos y significativos datos. Por ejemplo, que los cambios de titularidad realizados en el caso "cesiones de crédito", sin conocimiento y sin consentimiento de las personas utilizadas para tal fin por los responsables del Banco Santander, entidad presidida por el banquero Emilio Botín, han significado la apertura paralela de diferentes procesos penales por usurpación de personalidad. Entre los casos que e-defensor ha comprobado se encuentran: uno en el Juzgado de Instrucción de Monzón (Huesca), otro en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, otro en el nº 1 de Toledo, otro en el nº 5 de Albacete, otro en La Laguna (Tenerife), otro en el nº 1 de Zaragoza… y así sucesivamente.

Todos estos cambios ficticios de titularidad, que según la instrucción judicial eran conocidos presuntamente por Emilio Botín, formaban parte de una compleja operativa ideada por el presidente del Santander y sus hombres y conocida por el nombre en clave de "Las directrices de enero". Según obra en el tomo 39 del sumario, "Las directrices de enero" señalaban la forma adecuada para ejecutar los cambios de titularidad de clientes, de reales a ficticios, así como el procedimiento para sustituir u ocultar toda la documentación que obraba en el Banco respecto a los verdaderos titulares.

En esta laboriosa operación de ingeniería, la documentación referente al verdadero titular se recogía en una carpeta en cuya cabecera se anotaba la clave de la sucursal en la que se había realizado la operación, la zona en la que estaba inscrita la sucursal, los números asignados a la operación, el titular verdadero, la fecha de formalización de la cesión, su fecha de vencimiento, su cuantía efectiva y la opción elegida para declarar al titular de la operación donde se distinguía entre "cambio", "más titulares" o "incidencia", así como también se recogían los titulares declarados y su DNI.

Además, según consta en la investigación judicial, con el presunto objetivo de atenuar las consecuencias del descubrimiento por parte de los inspectores de Hacienda de los capitales opacos invertidos en estas operaciones, los dirigentes del Banco de Santander confeccionaron y entregaron a sus clientes unas cartas "falsas", denominadas en el argot "documentación de cobertura", donde se acreditaba que el dinero "negro" invertido tenía su origen en un ejercicio ya prescrito o en otro en el que le fuera al titular más fácil de justificar su existencia. Se trataba de que los beneficiarios de las cesiones pudieran comparecer ante el Fisco para formalizar declaraciones complementarias que les exonerara de su responsabilidad fiscal y penal producida por el incremento irregular de su renta.

Ante este cúmulo de acusaciones, los abogados defensores de Emilio Botín, Gonzalo Rodríguez Mourullo y Horacio Oliva, presentaron el pasado 8 de junio un escrito de defensa del presidente del Banco Santander recogido en 160 folios, en el que solicitaban la absolución de su defendido y donde afirman que la primera intervención de Botín en relación con las cesiones de crédito se produjo "el mes de enero de 1991, casi un año después de que se hubiera facilitado a Hacienda la mayor parte de los datos requeridos y seis meses después de que los clientes con cesiones en el año 1989 hubieran decidido si incluían o no los capitales invertidos en sus declaraciones de IRPF o de impuestos de sociedades del ejercicio de 1989. El presidente se interesó por la anómala circunstancia de que aún no hubiera concluido la ejecución forzosa". 

Lo que sí es evidente es que en unos meses el eterno proceso judicial contra Emilio Botín y sus hombres por el "caso cesiones" se cerrará ya definitivamente. Estos deberán sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional para responder de los delitos de falsedad en documento oficial, de falsedad en documento mercantil y de 36 delitos contra la Hacienda Pública. La acusación particular pide para Botín 36 penas de cuatro años de prisión por cada delito fiscal y una multa de 46,2 millones de euros; otra pena de 9 años de cárcel por falsedad en documento oficial, y otras tres de 9 años de prisión cada una por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil. 

Actualmente, en el Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional todavía se están recibiendo los escritos de defensa de ciertos acusados, el retraso se debe a la gran cantidad de fotocopias que hay que practicar de las piezas y autos respectivos. Por eso, a Botín le aguardan aún unos meses de incertidumbre judicial, aunque el cerco sobre él cada día se estrecha más.

100.000 millones de pesetas de otras entidades bancarias

Según obra en el sumario, Procedimiento Abreviado 53/92 del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional, relativo al denominado y conocido "caso cesiones" del Banco de Santander, que esta dando en exclusiva e-defensor durante esta semana, y, en concreto, en el escrito de acusaciones de la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, se puede leer que el Santander de Emilio Botín se llevó para su caja de una manera "manifiestamente desleal" y en detrimento de otras entidades financieras una cantidad en torno a 100.000 millones de las antiguas pesetas, es decir, 600 millones de euros. 

En la instrucción judicial se puede leer textualmente y, en concreto, en el folio tres del citado escrito de acusación que: "Bajo tales condiciones, contrarias a las reglas más elementales del Estado de Derecho, el Banco de Santander consiguió concertar, en un tiempo récord y a lo largo y lo ancho del país, 42.274 cesiones de crédito por un valor total de 432.965 millones de pesetas. Al tratarse de capitales que en buena parte estaban depositados en otras entidades bancarias, esa competencia manifiestamente desleal supuso para tales entidades un detrimento en torno a los 100.000 millones de pesetas".

Así mismo en el folio seis de este escrito de acusación se dice que " Fue tan absoluta la garantía que el Grupo Santander, por mandato de los banqueros acusados, había ofrecido a sus clientes sobre la opacidad fiscal de las operaciones de cesión de nuda propiedad de créditos y su consecuencia indirecta la no información al Fisco de la respectiva titularidad, que cuando la Hacienda Pública requirió información sobre todas las cesiones de créditos, el Santander, bajo la responsabilidad directa de los acusados, don Emilio Botín, Presidente del Banco, don Rodrigo Echenique, Consejero Delegado en el momento de la comisión de los hechos, don José Ignacio Uclés, Jefe de la Asesoría Jurídica, y don Ricardo Alonso Clavel, Director General, no sólo negó en redondo la remisión de información requerida por la Agencia Tributaria, sino que puso en marcha toda una logística, a través de lo miles de sucursales del Grupo diseminadas por todo el país, destinada a la ocultación y el cambio de identidad de gran parte de los verdaderos titulares de las operaciones"

En las conclusiones se afirma que "las entidades bancarias pertenecientes al Grupo Santander se encerraron en una actitud de total obstrucción, desobediencia y falsedad ante los requerimientos formulados por la Hacienda Pública".

Pero lo más grave y presuntamente delictivo del fraude, según consta en la instrucción judicial, "no es que el banco hubiese ocultado ante la Inspección que tenía conocimiento del origen de los fondos y la secuencia de las operaciones, sino que los activos que el cliente primero identificaba, y después el Banco confirmaba, no se correspondían con activos suscritos por el titular declarado o activos suscritos por el titular verdadero, sino con activos que terceras personas habían contratado con el Banco de Santander. Es decir, el Banco, elaborando actas falsas, imputaba los titulares declarados a la inspección o a titulares reales operaciones que nunca habían formalizado, con objeto de acreditar una prescripción inexistente que permitiera defraudar a la Hacienda Pública" 

A esta instrucción judicial contra Emilio Botín y sus más directos colaboradores por el "caso cesiones" se une ahora el hecho, ya avanzado por e-defensor la pasada semana, de que el Juzgado de Instrucción n º 47 de Madrid ha admitido a tramite una querella más contra el presidente del Grupo de Santander, Emilio Botín, y su hermano Jaime, por los supuestos delitos de "apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio del derecho de información y cohecho". También figura imputado en esta querella el ex presidente de Banesto, Alfredo Saez.

Según se recoge en el procedimiento judicial abierto por el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid: " Banesto, perteneciente al Grupo Santander, adquirió en 1999 el 45% de Aguas de Fuensanta [empresa propiedad de la familia Rato] por 1.000 millones de pesetas cuando la sociedad registraba deudas de 1.571,6 millones de pesetas, cantidad que superaba con creces a los fondos propios, fijados en 1.153, 4 millones".

Este nuevo caso judicial se une a las más de 30 causas de demandas interpuestas contra Botín y sus hombres por el ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar.