La venta de Aerolíneas Argentinas comienza a convertirse en un gran escándalo político-económico y social, con el peligro de que le estalle al Gobierno de José María Aznar en pleno período preelectoral. Al final, todos los manejos financieros son tan sofisticados como simples y burdos. Este es el caso de Aerolíneas Argentinas, el problema es que no se conoce todavía porqué se utilizó un dinero público, a través de la Sociedad Estatal de Participación Industrial (la ya conocida SEPI), para desterrar de nuestro patrimonio la compañía aérea de bandera argentina, que en su día adquirió la ex compañía pública Iberia. 

El dinero público español, el que pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos, se ha malgastado aparentemente en la crisis de Aerolíneas sin un resultado positivo. Según los cálculos oficiales ya van enterrados cerca de 3.000 millones de euros en la compañía aérea. Y lo único que han conseguido las autoridades españolas son serios litigios judiciales que amenazan a la credibilidad del gobierno Aznar y al presidente de la Sepi, Ruiz-Jarabo, que fuera director de la Agencia Tributaria.

Actualmente, las causas judiciales sobre el caso Aerolíneas se llevan en el Juzgado nº 15 de Buenos Aires, cuya titular es la magistrada Nirma Beatriz Dinoto. Varias son las piezas abiertas: la nulidad concursal, una investigación por parte de la Sindicatura Plural (lo que sería el fiscal del juzgado) y la personación del Estado argentino, que impugna el Balance de 31 de diciembre de 2002. A esto hay que añadir otra causa por simulación ilícita contra la SEPI, contra Interinvest y contra Air Comet.

El organigrama de poder en torno a todo este entramado es el siguiente: Viajes Marsans es propietaria de Air Comet; Air Comet es la propietaria de Interinvest; y esta última empresa es la propietaria de la compañía Aerolíneas Argentinas. Y tres son los nombres y dueños de este entramado: Gerardo Díaz Ferrán, actual presidente de la Confederación Empresarial Madrileña (CEIM), Gonzalo Pascual, presidente de la también compañía aérea Spanair, y Antonio Mata, que estuvo vinculado en su día al caos y supuesto desfalco en la compaña charter Oasis, donde a su vez aparecía el ex banquero condenado Mario Conde. Todo un cúmulo de sorpresas, casualidades y despropósitos que pueden acabar con la credibilidad de una institución pública como la Sepi.

Precisamente, uno de los acreedores ha demandado a Aerolíneas por 800 millones de euros, es decir, el dinero del Estado Español que dicen que no se empleó para lo que había sido destinado: el reflotamiento de Aerolíneas Argentinas. Según los datos oficiales, se desembolsaron por parte de la Sepi 758 millones de dólares en una subvención que se le dio al grupo Interinvest para que saneara la compañía aérea y que, presuntamente, se enviaron a Argentina, aunque todo indica que ese dinero nunca llegó en su totalidad. Esta seria duda ha dado ya lugar a una batalla judicial a cara de perro por parte de la administración Kirchner, precisamente en el momento más inoportuno para los intereses españoles, cuando se debate la situación de las empresas nacionales en Argentina. Otro dato más a tener en cuenta. 

Ahora será la Justicia y los organismos públicos de control quienes tengan la última palabra en este nuevo caso que afecta al manejo económico que se realiza en los grandes grupos empresariales españoles, con connotaciones políticas dada la gran amistad de los dueños del grupo Marsans (el actual presidente de la CEIM, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio Gonzalo Pascual), con el actual ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, a quien invitan a cazar con asiduidad a sus fincas toledanas de “El Alamín” y “El Sauceral” e, incluso, con quien comparten paraísos de la caza mayor en Europa.