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El presidente de los empresarios madrileños denunciado por manejo de dinero negro
Por Juan Luis Galiacho |
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM), consejero de Caja Madrid, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio y propietario del grupo Marsans que engloba a unas 70 empresas de transportes, ocio y viajes, ha sido denunciado por manejo de dinero negro y maquillar la contabilidad de sus empresas. Así se deduce del procedimiento que se está tramitando en el Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid por la reclamación económica de uno de los ejecutivos de su grupo, el ex director financiero de la empresa Pullmantur, José Luis Vicente Mediato.
El presidente de la CEIM declaró como testigo el pasado día 1 de octubre ante la magistrada Esther Lobo, bajo la advertencia de proceder contra él por un delito de desobediencia a la autoridad al no presentarse a declarar la primera vez que fue citado. Tras la declaración de Díaz Ferrán, el abogado del ex ejecutivo, Juan Parejo Pablos, solicitó que se dedujera testimonio de la misma para interponer una querella criminal contra el presidente de la CEIM por falso testimonio en relación con el pago de dinero negro en este grupo de empresas.
Según los documentos y las cintas magnetofónicas a las que ha tenido acceso E-defensor, Diaz Ferrán y sus colaboradores han cometido presuntas irregularidades contables, como manejar aparentemente “dinero negro” para pagos muy diversos (obras, gastos de presidencia, etc..) y ocultar perdidas en la contabilidad capitalizándolas.
Estos documentos se encuentran en la actualidad en poder de la Agencia Tributaria, que ya ha comenzado a realizar una investigación exhaustiva al grupo de empresas de Díaz Ferrán y de su socio Gonzalo Pascual, presidente de la compañía aérea Spanair, por un posible delito contra la Hacienda Pública. También las denuncias obran en poder del Banco de España, la Dirección General de Seguros y el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, cuyo presidente José Luis López Combarros solicitó el pasado día 1 de octubre información complementaria al respecto.
Por ejemplo, según se recoge en estos documentos, “en todos los circuitos de autocar por Europa y España, los clientes son acompañados por un guía turístico, que en cada ciudad realiza excursiones, cuyos ingresos a la liquidación en Madrid, en las oficinas de la calle Orense, nº 16, 1ª, no se ingresan en la contabilidad oficial de la empresa (...) el dinero pasa a la Dirección General, que lo ingresa en la caja de seguridad nº 16 del BSCH, sucursal de la Plaza de Canalejas en Madrid, contrato número 12.625”.
También se indica que “el director general [de Pullmantur, Alfonso López], aumenta los resultados positivos, comunicados al Consejo de Administración, que en los últimos seis años han supuesto más de 6.000.000 euros (1.000.000.000 ptas)”. Aunque inicialmente este hecho no afecta a la Agencia Tributaria, si lo es cuando los gastos activados se consideran gastos deducibles en siguientes ejercicios.
A la denuncia se han incorporado las cartas del auditor de la empresa, José Sevilla García-Prieto, que pesar de firmar sin salvedades los informes de auditoria presentados en el Registro, envió misivas al director general de Pullmantur comunicándole los hechos denunciados y los posibles riesgos fiscales. En estas cartas, a las que ha tenido acceso E-defensor, pueden verse las cuentas contables afectadas y que suponen unos gastos fiscalmente no deducibles de 2.400.000 de euros (400.000.000 ptas).
Por ejemplo, en una de ellas, fechada el 5 de abril de 2001, se puede leer del auditor José Sevilla propietario de la sociedad Auditsegar SL: “No puedo aceptar declarar unos beneficios de 150 millones de pesetas, cuando quedan más de MIL MILLONES de pérdidas de ejercicios anteriores (...).No parece de recibo declarar estos beneficios para pagar a Hacienda Pública un impuesto de 52,7 millones de pesetas, sin ajustes positivos-negativos a Base Imponible. Por otro lado, tenemos una contingencia fiscal importante, ya que estamos considerando como gastos, partidas cuyo devengo se produjo en ejercicios anteriores y que no tienen la consideración de gasto fiscal ante una Inspección de Hacienda (...) estos temas, por su importancia, debemos tratarlos directamente”. Varias han sido las reuniones que ha mantenido personalmente el auditor con Díaz Ferrán para limar asperezas.
Paralelamente, E-defensor ha tenido acceso a unas conversaciones telefónicas grabadas en septiembre de 2001 entre el presidente de la CEIM, Gerardo Díaz Ferrán, y el ex director financiero de Pullmantur, José Luis Vicente, en las que se habla de pagar 30 millones de pesetas presuntamente en “dinero B” a Ricardo Carreño Ferreiro, hermano del yerno de Gerardo Díaz Ferrán y encargado de las obras en la Finca “El Alamin”, situada en la provincia de Toledo y propiedad del presidente de este grupo de empresas de ocio y transporte.
En estas conversaciones, que el abogado Juan Parejo Pablos va a aportar a la querella criminal contra Díaz Ferrán como prueba del pago a directivos y administradores con “dinero B”, se puede escuchar lo siguiente: “JLV: Bueno, si te parece, yo llamo a Ricardo [Carreño], y le preparo lo que haya, pues no sé a lo mejor 15, o algo así. -GD: Bueno, pues cuanto más tengas mejor. -JLV: Vale prefecto. -GD: lo que pasa es que durante toda esta semana le tenemos que dar 30. –JLV: Bueno, pues a ver como lo hago, mañana puedo sacar del banco. -GD: Tiene que ser de lo otro. -JLV: De lo otro...Sí, sí”. Este procedimiento de pago, que solía ser habitual, consta en otras conversaciones telefónicas en poder del abogado Parejo y en las que también figura el presidente de la compañía Spanair, Gonzalo Pascual Arias, socio del presidente de la CEIM en este grupo de empresas de ocio y transporte.
Según los documentos a los que ha tenido acceso E-defensor, el dinero era sacado de las oficinas del grupo en metálico, dentro de unas bolsas de promoción de Pullmantur con cuadritos, y recogido por personas de confianza (muchas de ellas guardaespaldas) de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, como así consta en los recibís acreditativos que el ex director financiero de la empresa les hacia firmar a estas personas antes de marcharse con el caudal, a veces adjuntando al recibí fotocopia de su DNI. Entre las personas que firmaron el recibí por un importe millonario en metálico y que figuran en la denuncia están Ricardo Carreño, encargado de las obras de la finca “El Alamín”, Hilario Nieves Marín, uno de los peones de confianza de éste último, José Fraile Sánchez, escolta de Díaz Ferrán y Carlos Campo García, hombre de confianza de Díaz Ferrán.
A veces, en las transacciones también se “perdía” una pequeña cantidad, como así se refleja en uno de estos documentos: “Con relación a la diferencia de 50.000 pesetas en el cargo de los 15.000.000 efectuado el pasado 9 de los corrientes [noviembre de 1999], te agradeceré nos hagas entrega de dicho importe, para dejar definitivamente cerrado este asunto”. Era una carta enviada a la dirección general de Pullmantur por Emilio del Moral en representación de la empresa de autocares Travel Bus.
La ingeniería financiera ha aparecido con mucha frecuencia en este tipo de transacciones para dar validez real a los ingresos que recibían los dueños del grupo Marsans-Spanair. Así, por ejemplo, en uno de los documentos que investiga la Agencia Tributaria, en este caso se trata de un fax enviado por Angel Cecilia desde la empresa Autobuses de Alcalá al director financiero de Pulllmantur, se puede leer: “De acuerdo con lo comentado telefónicamente, te envió número de cuenta en el Banco Santander Central Hispano de GONZALO PASCUAL ARIAS (Autobuses Alcalá), donde debes ingresar el importe en metálico que conoces [15 millones de pesetas], que yo contabilizaré como una devolución personal de D. Gonzalo. La cuenta es: 00491813...”.
Durante el pleito judicial, así como en la investigación tributaria, ha habido muchas incógnitas, por ejemplo la renuncia a la defensa que hizo el primer abogado del ex ejecutivo reclamante, el letrado Camilo Rodríguez Jiménez, según él, por las amenazas recibidas. Así se refleja en otra carta que obra en los autos 208/2003: “En este despacho [Rodríguez & Asociados] se han recibido amenazas en relación a este asunto; encontrándose en estos momentos pendientes de localizar a través de la Policía el origen de las mismas. Por el motivo que te indico, y como muy bien tu sabes de la no transparencia del objeto de la reclamación, entiendo como mejor posición en mi carrera profesional apartarme de la defensa de tus intereses”.
En el momento actual, se está a la espera de que el Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid dicte sentencia y a expensas del informe que puedan elaborar los inspectores de la Agencia Tributaria, que ya han sido nombrados para ello, así como de la interposición de una querella criminal por falso testimonio contra Díaz Ferrán, donde se aportaran nuevas pruebas por parte del abogado Juan Parejo Pablos en representación del ex director financiero de Pullmantur, José Luis Vicente, que en febrero de 2003 interpuso la mencionada demanda en reclamación de la cantidad de 52.684 euros por atrasos e incentivos que se abonaban extrasalarialmente, es decir, con “dinero B”.
Esta denuncia se une a la efectuada por el ex director adjunto en la dirección general de Viajes Marsans, Carlos Martín Ahijado, que durante 40 años trabajó con dedicación plena para este grupo de empresas. Según ha declarado Carlos Martín a E-defensor: “el procedimiento de pagar en dinero B siempre ha existido en este grupo. Se pagaba con dinero de caja justificándolo luego como gastos de representación, relaciones públicas o gastos de presidencia. Muchas veces se duplicaban las facturas. Así, cuando llegaban los auditores y pedían ciertas facturas, sobre todo referidas a los pagos por comisiones de venta de billetaje (los over), se repetían las de otros años. Era como un calco, sólo se cambiaba la fecha, pero el número de talón, el concepto y la cantidad era idéntica al año anterior”. También a estas denuncias se ha unido la de uno de los ex guardaespaldas de Gonzalo Pascual que le acompañaba a todas sus citas y encuentros.
Ahora serán la Administración de Justicia y la Agencia Tributaria quienes tengan la última palabra en este nuevo caso que afecta al manejo económico que se realiza en los grandes grupos empresariales españoles, con connotaciones políticas dada la gran amistad del presidente de la CEIM y de su socio Gonzalo Pascual, con el ministro de Medio Ambiente, Francisco Alvarez Cascos, a quien invitan a cazar con asiduidad a sus fincas toledanas e, incluso, con quien comparten paraísos de la caza mayor en Europa.
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