Por Juan Luis Galiacho

El próximo día 8 de junio, la Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, celebrará una controvertida Junta General en la que se debatirá el futuro de una entidad que busca convertirse en un nuevo poder fáctico dentro del esquema empresarial y político español. La entrada como consejeros de Alfonso Cortina, presidente de Repsol, y de Luis Alberto Salazar-Simpson, responsable de Auna, junto con su alineamiento con la petrolera Repsol YPF para crear el AutoClub unido a su entrada como accionista del SCH para apoyar los intereses de Emilio Botín, tras la ruptura de la Mutua con el Banco Popular y con un sector del Opus Dei, convierten a esta "aseguradora" en un plato goloso para las sociedades de inversión americanas y para financiar apoyos a nuevos proyectos políticos vinculados a la vieja guardia del PP. No hay que olvidar que Cortina es un hombre proclive a los intereses del ex vicepresidente Rodrigo Rato y que un hermano de Salazar Simpson, concuñado de Rato, trabajó codo con codo con el hoy candidato del PP al Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, durante su estancia al frente del Ministerio del Interior. Francisco Manuel Salazar Simpson Bos fue director general de Infraestructuras y Material de Seguridad en dicho Ministerio.

Por todo esto, la aseguradora madrileña podría convertirse en un poder fáctico en la sombra utilizado por empresarios próximos al Partido Popular para hacer frente al deseo expreso de Rodríguez Zapatero de controlar a la clase empresarial a través de las Cámaras de Comercio y, en concreto, con el dominio de la Cámara de Comercio de Madrid, que actualmente dirige el empresario gallego Fernando Fernández Tapias, muy próximo al alcalde Alberto Ruiz Gallardón, uno de los aspirantes a ser candidato de gobierno por el PP en las próximas elecciones generales. Además, a través de esta aseguradora se puede evitar el control al que estarían sometidos de hacerlo por otro conducto más reglamentario y que les obligaría a cumplir con las llamadas normas "de buen gobierno".

Con alrededor de 1.400.000 mutualistas, que pagan en "cash" y en función de la póliza entre 900 y 1.200 euros anuales como media, y con unos beneficios netos de 235 millones de euros, la aseguradora se ha convertido en un importante poder económico, con ramificaciones políticas, como lo fue en su día la Organización Nacional de Ciegos de Miguel Durán. Es decir, en un elemento potencial para la financiación de partidos políticos. 

Los nuevos consejeros de la Mutua Madrileña , con su presidente, el abogado José María Ramírez Pomatta, al frente, pretenden dar a partir del próximo 8 de junio el salto definitivo a aventuras inversionistas al margen de los automóviles. Pero, lo que ya han hecho, copiando las ideas de su nuevo aliado Emilio Botín, es incorporar en los estatutos una cláusula que otorga a los consejeros una pensión vitalicia al estilo de José María Amusátegui o Angel Corcortegui en el SCH. 

Así, en el informe de modificación estatutaria en su artículo 25 se dice: "A partir del 1 de enero de 2004, los que siendo consejeros a dicha fecha o los que sean posteriormente y hayan desempeñado dos o más mandatos, al cesar en sus funciones, una vez cumplidos los 65 años, gozarán de una pensión vitalicia anual, pagadera por meses, equivalente al triple de la cuantía de la pensión máxima reconocida por la Seguridad Social para el régimen general. Dicha pensión se transferirá también vitaliciamente al cónyuge viudo de nupcias anteriores al cese del Consejero en su cargo".

Aunque el cargo de consejero de la Mutua no lleva retribución añadida en cuanto éste se mantenga en activo, si que gozan de importantes prebendas como, por ejemplo, un seguro de vida gratuito. En el artículo 25 se recoge que: "Pese a la gratuidad en el ejercicio del cargo, los consejeros serán beneficiarios mientras se encuentren en el desempeño de sus funciones de un seguro temporal de vida y accidentes con una indemnización máxima de 200.000 euros actualizables por la Junta General". 

Para evitar cambios inesperados de rumbo, la duración de los cargos en el consejo de administración de la Mutua Madrileña se ha ampliado hasta 5 años y su número se ha aumentado a 19, siendo potestad del Consejo la renovación de uno de ellos en caso de cese o dimisión durante este periodo. La Mutua se ha convertido en un coto cerrado de intereses donde es inviable el acceso de cualquier mutualista independiente al consejo, ya que además se requiere un 5 por ciento de la masa social para presentar candidaturas (unas 60.000 firmas). 

Como consejeros figuran personajes significativos en la vida política y económica española. Además de Alfonso Cortina y de Salazar-Simpson, se encuentran, por ejemplo, el que fuera presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Adrián Piera, o uno de los accionistas de la empresa cervecera Mahou, José Antonio Herráiz Mahou. También figuran los nombres de Pablo Isla, consejero de Altadis, de Enric Gancedo, consejero del Banco Popular, de Jesús Platero, también ex del Popular, de Luis Rodríguez Durón, presidente de Mutuactivos y nuevo consejero en el SCH, etc. Así mismo aparece el ex presidente de la Audiencia Nacional y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Rafael de Mendizábal Allende, que ejerce el cargo de "defensor del mutualista". Fuentes del sector de seguros, destacan que este equipo ejecutivo está formado por personas ajenas al negocio asegurador, "parece un refugio de los presidentes de las empresas privatizadas por Rodrigo Rato". Según estas mismas fuentes, el actual consejo de la Mutua Madrileña se sustenta en una representación que no llega al 1 por ciento del total de los mutualistas, "algo inédito".

Un dato importante para comprobar las nuevas miras inversoras de la aseguradora madrileña queda puesto de manifiesto en los nuevos estatutos al permitir al consejo de administración que "por mayoría de dos terceras partes de los consejeros presentes, podrá acordar la ampliación de los ramos o modalidades de seguro en los que operar, o bien cesar en ellos". Para lanzar el nuevo mensaje aperturista y evitar contratiempos antes de la controvertida Junta General de mutualistas del día 8 de junio, donde se pretende culminar el cambio de rumbo de la entidad aseguradora, el pasado día 17 de mayo se inició una millonaria campaña de publicidad en cinco seleccionados medios de comunicación (ABC, Marca, La Razón, El País y El Mundo). 

La nueva estrategia, más agresiva, pretende realizar una expansión fuera de la comunidad de Madrid. Así se recoge también en la modificación estatutaria, en su artículo 7, que dice: "el consejo podrá establecer delegaciones en la provincia y localidades que considere de interés para el mejor servicio de sus socios". Para dar más fuerza a la mutación se quiere cambiar de sede social, hoy situada en el número 9 de la calle Almagro, para ubicarla en el edificio de la Unión y El Fénix, en la llamada "milla de oro" del Paseo de la Castellana, de Madrid. 

Precisamente, uno de los sectores donde más dinero ha invertido la Mutua es en el inmobiliario, convirtiéndose en una de las grandes inmobiliarias de la capital de España con 27 importantes inmuebles y un aparcamiento en pleno centro de Madrid, con un total de 300.000 metros cuadrados. A través de su división inmobiliaria denominada Gestactin, controlan las conocidas Torres de Colón (antes Rumasa), más de ocho edificios en el Paseo de la Castellana, uno en el Paseo de Recoletos y, recientemente, han adquirido una de las famosas torres que se levantarán donde antes se encontraba la histórica ciudad deportiva del Real Madrid: la ya famosa "Torre de Cristal", por la que la Mutua Madrileña ha pagado 211 millones de euros ( 24 millones más que el resto de compradores, un hecho que los consejeros tendrán que explicar a sus mutualistas). 

Pero la batalla de los ejecutivos de la aseguradora está en otro terreno más vital para ellos en sus miras políticas: su incursión el mundo financiero. Su primer intento fue en el Banco Popular, lo que se definió como "un acoso y derribo" a los hermanos Valls Taberner. La Mutua llegó a comprar un paquete de acciones del Banco en torno al 4% y a exigir un puesto en su consejo, lo que hizo que los Valls Taberner se unieran a un banco de Honh Kong y luego redujeran deliberadamente el número de consejeros de la entidad bancaria de 29 a 19 para evitar la entrada de la Mutua. Precisamente, uno de los consejeros salientes fue Jesús Platero, uno de los ejecutivos de la aseguradora. Esta guerra político-financiera entre diferentes sectores del Opus Dei acabó con la venta por parte de Mutua Madrileña de su paquete del 4%. A través de ella consiguieron unas importantes plusvalías superiores a los 40 millones de euros, que fueron a parar a la adquisición del 1,2 % del SCH, su nuevo aliado financiero. 

La Mutua ya ha invertido 531 millones de euros en el Banco y contará con un puesto en su consejo de administración, al convertirse en el quinto mayor accionista de la entidad que controla Emilio Botín. Pero el acuerdo de la Mutua con el SCH va más allá de lo meramente financiero y que una vez que se celebre la próxima Junta General de mutualistas se dará a conocer en su total alcance. Un pacto que puede ir más allá de lo meramente financiero y acabar en una transformación societaria y posterior venta.

Por eso, a nadie extraña el nombramiento como consejero de la Mutua de Luis Alberto Salazar-Simpson, consejero "independiente" del Banco Santander Central Hispano y presidente del Grupo Auna y de su filial Amena. Salazar-Simpson es concuñado del ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía, Rodrigo Rato, ya que es hermano de Felicidad Salazar Simpson, que a su vez está casada con Ramón Rato Figaredo.

Al final del pasado ejercicio, la Mutua contaba con unos fondos propios superiores a los 1.500 millones de euros (un cuarto de billón de las antiguas pesetas) lo que le ha convertido en una firma cada día más apetecible gracias a los recursos que genera, casi todos ellos en metálico. De su beneficio neto ( 235 millones de euros en el pasado ejercicio), el 65% procedió del negocio asegurador, mientras que el 5% procedió de la inmobiliaria y el 30% llegó del área financiera. Hay que destacar que la Mutua fue uno de los inversores de relevancia de la conocida sociedad de inversión mobiliaria Mackerel, una Simcav propiedad de Beta Capital y que fue creada en su día por Cesar Alierta, el hoy presidente de Telefónica y uno de los amigos del ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. 

Ese afán de diversificación también ha llegado al sector médico. Los ejecutivos de la Mutua constituyeron el pasado verano la Fundación de Investigación Médica, con la colaboración de la Real Academia de Medicina y con una dotación de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas), algo no contemplado en los estatutos. Por todo esto, incluido el escaso control y transparencia, la aseguradora goza de grandes posibilidades políticas, financieras e inmobiliarias y no sólo en el sector de los automóviles y los seguros de vida, como lo fue en su origen.

Sin embargo, la nueva Dirección General de Seguros, por orden de los "controladores" de la sede socialista de la calle Ferraz, ya está al acecho de cualquier posible irregularidad y movimiento extraño contra los intereses de Rodríguez Zapatero y los suyos. El coloso económico, con una cartera inmobiliaria espectacular y una posición financiera de relevancia proclive a la financiación política, puede estar en breve envuelto en llamas.