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El Partido Socialista ha logrado retrasar hasta después de las elecciones gallegas la sentencia por el denominado "caso Ave" sobre la presunta financiación ilegal del partido a través de las comisiones del AVE Madrid-Sevilla cobradas a principios de los años noventa. Los dirigentes socialistas buscan con ello que una posible sentencia condenatoria sobre los antiguos métodos de financiación de la era
felipista no sea utilizada en su contra por la oposición en plena campaña al parlamento gallego, donde las encuestas le dan una clara subida.
Desde hace meses la Audiencia Provincial de Madrid juzga este caso, que ya se ha paralizado en varias ocasiones por los recursos de los abogados socialistas y por algún que otro incidente judicial. La Fiscalía Anticorrupción considera probado que trece antiguos dirigentes y comisionistas de ese partido y ex directivos de la empresa Siemens han cometido varios delitos fiscales, cohecho y falsedad, por los que pueden ser condenados a un total de 149 años de prisión (en penas que van desde los 3 a los 20 años para cada imputado) y hacer frente a multas por un valor total de 101 millones de euros, así como indemnizar a Hacienda con otros 6.
La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones es rotunda: "el PSOE ideó un plan para recabar comisiones de los distintos fabricantes y contratistas del AVE". Según se indica en este documento, "existió un plan organizado para obtener recursos económicos para el PSOE o para algunos de sus militantes y simpatizantes en compensación a los servicios prestados al partido, todo ello a partir de las adjudicaciones de los contratos del AVE".
Entre los acusados se encuentran el ex ministro de Sanidad y Consumo y ex presidente de RENFE Julián García Valverde; la ex responsable de finanzas del PSOE Aida Álvarez; el ex diputado socialista Carlos Navarro; y el ex director del gabinete de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis en La Moncloa Florencio Ornia. Los otros procesados son el ex director de compras y mantenimiento de RENFE Leopoldo Iglesias; el ex administrador de Filesa Luis Oliveró; el esposo de Aida Álvarez, Miguel Molledo; el ex alto cargo socialista Valentín Medel; el ex miembro del Comité Electoral del PSOE Juan Carlos Mangana y su socio Sotero Jiménez; el ex secretario del ex responsable de finanzas del PSOE Guillermo Galeote. También se sentarán en el banquillo de los acusados Mario Huete, Francisco Francés y Juan José Chinchilla, ex responsables de Siemens.
La vista oral del caso AVE se inició el pasado 16 de febrero, pero hasta el 29 de marzo el tribunal estuvo examinando las denominadas "cuestiones previas" planteadas por las partes. Los abogados de los principales imputados socialistas: Rafael Burgos (por García Valverde), Horacio Oliva (por Carlos Navarro) y Francisco Montiel (por Aida Álvarez y Miguel Molledo) intentan a toda costa ganar tiempo. Máxime cuando sus clientes ya avalaron en su día una fuerte fianza que les fue impuesta por un total de 2,5 millones de euros para garantizar su eventual responsabilidad económica en el caso.
De nuevo el "felipismo" se encuentra bajo la lupa de la Justicia. Precisamente, este modo tan particular de hacer política e enriquecerse dejó muchas cuentas pendientes por saldar a causa de la exasperante lentitud de la Justicia y a la falta de colaboración de instituciones públicas y privadas, todas ellas proclives a un pacto de silencio sobre aquella época.
El caso AVE fue desglosado por el Tribunal Supremo en 1994 del caso Filesa para investigar otras vías de financiación irregular del PSOE, en concreto las supuestas comisiones ilegales pagadas por la construcción de la línea del AVE Madrid-Sevilla y por la compra de locomotoras. Se trata de la llamada "trama suiza" del "caso Filesa". Este paraíso fiscal fue utilizado, según el contable de Filesa, Carlos van Schouwen, para derivar los pagos de las multinacionales Siemens y GEC-Alsthom por la compra de las locomotoras. "Había unas divisas en Suiza de las que no se me informaba. Cuando pregunté por el dinero de Suiza me dijeron que eran comisiones que se recibían por los contratos del AVE. La cantidad a la que ascendía era de 3.000 millones de pesetas[...]", afirmó Van Schouwen ante la Fiscalía. Para ratificar sus palabras, el contable chileno entregó un fax que demostraba la existencia de dos cuentas bancarias de Filesa en Suiza por un importe de al menos 548 millones de las antiguas pesetas. El fax, dirigido a Luis Oliveró, fue expedido el 7 de enero de 1991 desde el teléfono 0612851313. Dicho número correspondía a la tercera firma fiduciaria más importante de Suiza: Experta Treuhand.
Las cuentas eran colocadas por Luis Oliveró en Suiza a través de Robert Simon, subdirector de Experta y conocido intermediario en los mercados financieros helvéticos. Se trataba de cuentas de no residentes, conocidas técnicamente como depósitos en europesetas, cuyos intereses no sufrían ningún tipo de retención ni gravamen. Las cuentas que abrió Oliveró en Suiza estaban inicialmente gestionadas por el Banco Paribas, la Unión de Banques Suisses y también por la empresa fiduciaria Experta Treuhand, donde abrió una cuenta que se denominaba "Tequila". En esta cuenta se ingresaron los haberes procedentes de las sociedades instrumentales Anstalt Salimas y Tralcorde Reg Trust Vaduz, ubicadas en el paraíso fiscal de Liechenstein y empleadas para el cobro de comisiones.
La operación de entrada de capitales en España provenientes de estas sociedades fiduciarias erradicadas en paraísos fiscales se realizaba de la siguiente manera: Anstalt Salimas enviaba, a través del Bank Paribas en Zurich, importantes cantidades de dinero. El BBV actuaba como ordenante de la transferencia y hacía llegar este importe hasta la empresa Vitesse, que tenía abierta una cuenta en el Banco Atlántico, en la sucursal de la Avenida de la Diagonal en Barcelona. El abogado Isidoro García Sánchez, como apoderado de Vitesse, movía estos depósitos en pequeñas cantidades que llegaban hasta Filesa y sus empresas afines.
El caso se remonta a 1987, cuando un grupo de responsables del PSOE relacionados con la Secretaría de Finanzas y Administración, el Gabinete de Presidencia y antiguos miembros de comités electorales del partido, junto con familiares y amigos, "urdieron un plan para recabar comisiones ilícitas de los contratistas, fabricantes y tecnólogos del primer AVE español con el objetivo de financiar irregularmente a ese partido.
Las empresas del Grupo 2020, como también GMP, Atacir y Part Mix, vinculadas a los comisionistas socialistas Aida Alvarez, Miguel Molledo, Sotero Jiménez, etc, percibían dichas comisiones ilegales y las hacían llegar presuntamente al partido desviándolas primero a "sociedades pantalla" ubicadas en el extranjero a cambio de servicios que nunca llegaron a prestarles.
Según la fiscal del caso, Teresa Gálvez, las comisiones abonadas por las multinacionales ferroviarias Alsthom y Siemens superaron los 723 millones de las antiguas pesetas y representaron un 55 por ciento del total de dinero -se estima que unos 1.300 millones en su mayor parte de origen desconocido- "que se abonaron en las cuentas suizas del PSOE" y que fueron destinados a pagar gastos electorales, entre otros gastos.
A Siemens le ha costado mucho tiempo borrar su imagen de empresa que presuntamente paga a políticos para obtener contratos. En otros países, como en Colombia, se les prohibió actuar durante años. Sin embargo, hoy, en España, Siemens es el principal proveedor de sectores estratégicos, especialmente el de comunicaciones, y patrocina al equipo de fútbol del Real Madrid. |
