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Los fiscales contra la negociación con ETA

Por Juan Luis Galiacho

Los fiscales están muy enfadados. La situación dentro de la carrera fiscal es ahora mismo de bastante turbulencia debido a las decisiones unipersonales del Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, como el cese del fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Supremo, Eduardo Torres Dulce. Este fiscal había demostrado después de muchos años que era una persona idónea y que era efectivo en ese puesto. Por eso, la mayoría de los fiscales están indignados porque si cada cambio en la Fiscalía General del Estado supone el cambio de los altos cargos de la carrera fiscal indudablemente la estabilidad necesaria no va existir nunca. 

Hoy cualquier observador que vea como se están resolviendo los temas en el Consejo General del Poder Judicial y las dificultades que hay para nombramientos de presidentes de las Salas del Tribunal Supremo comprueba que sólo están imperando criterios asociativos y de tipo político, según quién apoye a quién, más que criterios de ideonidad o de valía profesional. Todo ello hace que se hable con razón de una politización de la Justicia.

Pero lo que la mayoría de los fiscales tiene muy claro es que el Gobierno no puede pactar con ETA bajo el paraguas de la Ley. Me lo decía el otro día el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, uno de los más ilustres y veteranos juristas, con 25 años de carrera en este Alto Tribunal: "Nuestra actuación es luchar contra el terrorismo siempre en recuerdo de la víctimas. Actualmente se habla de un pacto, de negociación, de conversaciones, pero yo como me sujeto a la Ley y ésta no lo prevé, debo decirle claramente que no hay ninguna posibilidad de pacto, acuerdo o convenio con los terroristas, porque los terroristas lo único que pueden hacer, como cualquier otro delincuente, es dejar de matar, dejar de producir asesinatos y dejar de producir dolor. Y una vez que se haya producido esta situación, el Estado tiene resortes con la Ley para realizar una actividad a favor de esas personas que indudablemente si tengan un afán de reinsertarse. Pero, ciertamente, ahora no se dan las condiciones en esas personas que han matado y que están dispuestas a seguir matando y que por su desarrollo se ve que no han cambiado, ni mucho menos, y que no se ha conseguido de momento la reinserción". 

Desgraciadamente, en nuestro país la desaparición del terrorismo va para muy largo, si es que algún día desparece, no ya el de ETA sino el islámico. El terrorismo internacional siempre va a estar ahí y siempre en cualquier país europeo debe existir un órgano judicial independiente, con unidad de criterio, que pueda dictar sentencia dentro de esta tremenda actividad delictiva. Por eso algunos consideramos que la Audiencia Nacional es indispensable en su existencia y que nadie se puede plantear hoy en día la duda de su desaparición.

Pero lo que si es necesario, es limpiar de una vez la Justicia de aprovechados. La interferencia de los grandes despachos de abogados en la vida judicial es uno de los principales frentes abiertos con un constante olor putrefacto. Hay fiscales y jueces en excedencia defendiendo a imputados en casos muy sonados, como las cesiones de crédito del BSCH, las jubilaciones millonarias del señor Botín, el vídeo del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez…Todo ello ha creado una cierta polémica y muchas dudas en la limpieza de la vida judicial. 

Para muchos juristas habría que buscar de inmediato soluciones para que los grandes despachos no puedan acudir al Supremo, a la Audiencia Nacional, al Constitucional buscando personas relevantes. Primero, porque hay abogados de enorme prestigio que lo hacen igual e, incluso, mejor por experiencia; y, en segundo lugar, porque la constante presión que existe de ofrecimientos a los jueces y fiscales puede poner en peligro la independencia judicial en el sentido de que cada fichaje se haga para conseguir favores, buscando un mayor apoyo en el caso correspondiente o, incluso, dentro del propio estamento judicial, algo que nunca se iba a conseguir directamente a través de un simple abogado en ejercicio. 

No parece nada serio que un juez o un fiscal que haya estado en la Audiencia Nacional o en el Supremo ejerciendo como tal, posteriormente pase a un gran despacho y acuda allí como abogado defensor de presuntos grandes delincuentes. Es indispensable que la Justicia de una imagen hacia fuera de que no existe ningún interés escondido. Y eso es lo que realmente nos debe preocupar, por el bien de todos. 

 

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