Los accidentes laborales y sus graves consecuencias, debido al no cumplimiento por parte de las empresas de las normas más elementales de seguridad, así como de la mala calidad de los materiales, son hoy en día como una de las grandes lacras de la España democrática. Así lo piensa y refleja también el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Salinas, quien ha manifestado a E-Defensor que: "se que el Fiscal General ya está trabajando en una Fiscalía Especial para Accidentes Laborales. Este es un grave problema, porque en España hay muchos más accidentes laborales que de tráfico. No podemos tolerar que haya tantas muertes por accidentes de trabajo". 

Fernando Salinas es Magistrado del Tribunal Supremo (Sala IV de lo Social) y Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, donde llegó como vocal a propuesta de la Asociación "Jueces para la Democracia", siendo el candidato más votado de esta Asociación. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona y en 1973 comenzó su carrera judicial como juez de primera instancia e instrucción en la localidad barcelonesa de Sant Feliu de Llobregat. Desde 1979 presta sus servicios judiciales en la jurisdicción laboral. Ha sido Magistrado Decano de las Magistraturas de Trabajo de Barcelona y perteneció a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hasta diciembre de 1996. Ha participado en distintas comisiones para la elaboración de leyes procesales, en especial en el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Laboral del año 1990.

Ante la pregunta de E-Defensor sobre las causas de los accidentes laborales, la respuesta de Francisco Salinas es clara y notoria: "Primero a la temporalidad y precariedad en el trabajo. Luego que los trabajadores llegan sin cualificación alguna de agencias de trabajo temporal, de contratas y subcontratas. Y, por último, a los grandes defectos de seguridad de determinadas empresas, que no cumplen con las más mínimas normas. Fíjese, el otro día tuve que llamar la atención al secretario del CGPJ porque aquí mismo, en la sede de nuestro Consejo, se estaban realizando unas obras que incumplían las normas de seguridad por parte de la empresa. Y si esto ocurre aquí, qué no va a pasar en otras partes. Para luchar contra este lastre, debemos lograr que todos los accidentes de trabajo vayan a una sola jurisdicción y no como ahora que van a todas, menos a la militar".

A otra pregunta, también vital para la vida política de España, sobre la negociación con la banda terrorista ETA, Salinas también se muestra rotundo: "Hoy por hoy, hay que darle un margen de confianza al Gobierno, como ha hecho el Parlamento, para que con los medios que se estimen más idóneos, no sólo con los medios policiales, acabe con el terrorismo de ETA, que es lo que nos interesa a todos".

-¿Los etarras deben cumplir las penas a rajatabla?

- La última resolución del Supremo a mi me parece que va a causar un grave perjuicio al concepto que la Constitución tiene de rehabilitación. Por que si existen unos beneficios penitenciarios con la finalidad de que las personas puedan salir, lo único que se logra con estas resoluciones es que hagamos que un preso común, que no es terrorista, le de lo mismo tener una buena conducta en la cárcel, que no tenerla. Realmente lo que estamos haciendo es que se pudra en la cárcel y que no se rehabilite y que cuando al final salga al exterior esté peor que cuando entró. Por eso hay que valorar muy mucho las decisiones que se tomen en un caso concreto. Porque se debe velar por el principio constitucional de igualdad y el Estado de Derecho tiene medios para combatir el terrorismo sin vulnerar este principio. Un Estado no debe tener 'Guantánamos'. En una democracia debemos utilizar todos los medios legales, que nos gusten o no existen y no podemos ir ajustando las normas ante casos concretos y con actuaciones disparatadas. Decisiones como la del Supremo tienen su efecto pernicioso. Creo que el Estado de Derecho tiene la grandeza suficiente para que se establezcan normas especiales para luchar contra el terrorismo. Y que en las normas que se establezcan se piensen también en las otras personas que están en prisión. 

-Si el terrorismo de ETA acabase, ¿debería también finalizar su existencia la Audiencia Nacional?

-Si todo va bien y se logra el proceso de paz y el terrorismo con ETA desaparece, creo que la Audiencia Nacional debe desaparecer. ¿Por qué? Porque ese acercamiento de los ciudadanos a la Justicia que tanto proclamamos se debe concretar ya en cada comunidad autónoma, que sea ya el País Vasco o Cataluña quien instruya los casos. Y en lo social y en lo contencioso administrativo se podrían repartir los asuntos entre los distintos tribunales, como claramente refleja y establece la Constitución. Y no digo que la Audiencia Nacional no sea constitucional, pero que en el diseño lógico lo que priva es su desaparición. Y confío en que un plazo razonable así sea. 

-¿Considera que el traslado del fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, al Supremo ha sido una decisión política o estrictamente basada en criterios profesionales?

-Ante todo, me parece que el fiscal Fungairiño es un profesional muy competente, pero que si existían discrepancias tan importantes con el Fiscal General del Estado me parece que es lógico que pueda haber un cambio en un puesto tan importante como es la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y que allí haya una persona que esté más en sintonía con la persona que un gobierno democrático ha elegido como Fiscal General, para trabajar en común y que comparta los mismos criterios por si luego hay que pedir responsabilidades. El señor Conde Pumpido tiene todo el derecho a que en esa cadena de mando haya una sintonía. 

A la pregunta sobre la crispación que se vive y a la politización desmedida de la justicia, Salinas también afirma con rotundidad y claridad: "Es una consecuencia del clima de crispación que se está viviendo en estos últimos años y no sólo debido al cambio del gobierno sino que incluso antes, con la guerra de Irak que hizo que la sociedad civil se movilizara. Todo ello ha generado ese clima de crispación que también se traslada y refleja en la Justicia. Se está utilizando a los jueces y eso si que es grave".