Los grandes despachos de
abogados asaltan la Justicia
Por Juan Luis Galiacho
La reciente pugna por la designación de los magistrados de
la Sala de lo Civil del Supremo no ha sido sólo una lucha
política, como nos querían hacer creer los grandes partidos,
sino un duro enfrentamiento entre los grandes despachos de
abogados por controlar un órgano judicial donde se dilucidan
los principales casos económicos: herencias, contratos
mercantiles, derechos de marca, etc...Por eso, los bufetes
más importantes del país como Cuatrecasas, Uría & Menéndez,
J & A Garrigues o Clifford Chance, intentan situar a sus
hombres de confianza dentro del Supremo y de otras
importantes instancias judiciales, copiando el modelo
norteamericano donde los lobbies de presión manejan
la Justicia.
Hasta hoy en día, la unión entre magistrados, fiscales y
grandes bufetes de abogados se hacía “como norma” en una
sola dirección: del estrado hacia el despacho, y no a la
inversa, como ocurre en la actualidad. Los primeros se
convertían en empresarios o mercaderes del Derecho. Este
trasvase de ex magistrados y de ex fiscales a la empresa
privada, atraídos por minutas millonarias, ha sido una
realidad palpable en los últimos años. Estos abandonaban su
carrera, en la que ganan unos 60.000 euros anuales como
magistrados, para percibir sueldos que pueden llegar a los
600.000 euros anuales.
La agenda e influencias de magistrados y fiscales ha sido
siempre codiciada por los grandes bufetes de abogados, cuyos
honorarios se minutan por hora trabajada y no por caso
resuelto. Los honorarios llegan a 500 euros por hora. Este
trasvase al negocio del derecho supone la consolidación en
España de los grupos de presión en el ámbito jurídico, al
estilo de EEUU. Las fuentes jurídicas consultadas por La
Clave afirman que “las estrechas relaciones entre los ex
magistrados, ex fiscales y los grandes despachos, y
viceversa, se deben al intento de éstos últimos de conseguir
un auténtico gobierno paralelo de notables, con los
beneficios añadidos”.
Así, por ejemplo, en la reciente adjudicación de las plazas
para el turno de juristas en la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo se observó la pugna de los grandes
despachos por situar a sus peones. Finalmente, se otorgaron
al catedrático Vicente Luis Montés, apoyado por el despacho
de Cuatrecasas, cuya sede en Valencia dirigía hasta
entonces, y a la catedrática Encarna Roca Trías, respaldada
por el despacho de Uría y Menéndez y por Convergencia i
Unió. Se da la coincidencia que uno de los vocales del CGPJ,
Javier Laorden, es socio también del bufete de Cuatrecasas.
El pionero en este trasvase de la Judicatura a la abogacía
fue el despacho de Uría & Menéndez que aprovechó al máximo
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite a los
miembros de la carrera judicial y fiscal solicitar la
excedencia voluntaria “por interés particular”. Para lo cual
sólo es preciso “haber prestado servicios efectivos durante
los cinco años inmediatamente anteriores y en ella [la
excedencia] no se podrá permanecer menos de dos años
continuados”.
Fue en enero de 1996 cuando el letrado Rodrigo Uría
anunciaba públicamente uno de sus grandes fichajes estrella:
el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren Roncero,
hasta entonces titular del Juzgado Central número 1. Bueren
se incorporaba a este bufete como el socio número veinte
para encabezar el área de Derecho Penal de la firma, con
cerca de 100 letrados a sus órdenes.
El despacho de Uría & Menéndez –cuyo presidente fundador
dirige ahora el Patronato del Museo del Prado- ha llevado la
reciente defensa de Emilio Botín en el caso de las
jubilaciones millonarias a ex altos cargos del grupo SCH.
Así, el ex juez Carlos Bueren y Jesús Remón, ambos de Uría &
Menéndez, junto al catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo
han ejercido la defensa de Botín. Mientras que otro ex
miembro de la Audiencia Nacional, en concreto, el ex Fiscal
de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos
Económicos relacionados con la Corrupción, Javier Sánchez
Junco, llevó la defensa del ex consejero delegado del SCH,
Ángel Corcóstegui, consiguiendo que la Sección Tercera de lo
Penal de la citada Audiencia, donde él fue un importante
baluarte, les diera el veredicto de absolución.
En España existen en la actualidad más de 100.000 abogados
ejercientes. Sin embargo, pocos de ellos trabajan al abrigo
de algunos de los 20 grandes bufetes que pertenecen a esta
élite de gobernantes en la sombra. Con la adscripción de
magistrados y fiscales a la empresa privada se pretende que
sus dictámenes ofrezcan al cliente la seguridad que reporta
su antiguo trabajo y que un simple letrado nunca podrá
ofrecer. Aunque en ocasiones, esta seguridad que ofrece un
nombre no garantiza el correcto contenido final del informe.
Un caso significativo del llamado lobby judicial ha sido el
del padre del actual Fiscal General del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, que fue fichado tras su jubilación como
fiscal del Supremo por la multinacional americana Clifford
Chance para encabezar su delegación madrileña. El peso
específico del veterano Conde-Pumpido (padre) fue notable
dentro de este bufete a finales de los años noventa y
comienzos del 2000, donde utilizaba su agenda de contactos
para sus casos, aunque a veces sus buenos oficios
fracasasen, como así ocurrió en el juicio del Caso Banesto
donde defendió al Fondo de Garantías de Depósitos y no logró
que el Tribunal impusiera la condena por él solicitada, sino
que fue mucho menor. El bufete Clifford Chance es uno de los
que más presión ejerce dentro del negocio del Derecho.
En despachos adversarios, como es el de J & A Garrigues,
también figuran fiscales que adquirieron relevancia pública.
Este es el caso del ex fiscal de la Audiencia Nacional,
Florentino Ortí Ponte. Éste fue fichado por Garrigues a
final de 1996 tras presentar la querella contra Mario Conde
y nueve ex altos cargos de Banesto. Ortí era por aquellos
años la persona de confianza del que fue Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional, José Aranda.
Algunos, en cambio, han dejado la carrera judicial para
trabajar al servicio de importantes empresas mediáticas. Un
ejemplo es el que fuera magistrado, Diego Córdoba, que pasó
a ser asesor y letrado habitual del Grupo Prisa. Córdoba,
que ha figura en el consejo de administración de El País,
fue el encargado de elaborar la mayor parte de la
documentación jurídica que ha manejado Polanco sobre la
televisión por cable y sobre la propiedad de los derechos
del fútbol español. Estos nuevos letrados lejos de limitarse
a defender a sus clientes en los tribunales se han
convertido en directores de cuidadas operaciones en las que
su privilegiada agenda de contactos juega un papel estelar.
La categoría se impone y los grandes bufetes hacen sus
negocios a la sombra de la Justicia.
