Irregulares y sospechas de amaño recaen sobre las diligencias nº 1633/05 incoadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) por los hechos ocurridos en el Cuartel de la Guardia Civil de dicha población el 24 de julio de 2005, cuando sobre las 16, 20 horas de la tarde Juan Martínez Galdeano llegó a dicho cuartel y minutos después falleció. Desde ese momento se inició un procedimiento judicial por parte de la jueza Estefanía López Muñoz hasta que el pasado 7 de febrero de 2006 se dictó auto de transformación de Diligencias Previas a Procedimiento abreviado (equivalente al auto de conclusión de sumario y paso a juicio oral) imputando provisionalmente al teniente de la Guardia Civil, José Manuel Rivas Ruiz, y a los agentes, María José Sánchez Parrón, Antonio Marcos Vega Ávila, Domingo Jódar Moya, José Raul Acuyó Escudero, José Antonio Sánchez Granero, Antonio García Ruiz, José Antonio Muñoz Montes, y José Antonio Moreno Fernández por los delitos de lesiones y maltrato ya que, para la jueza, la autopsia practicada no permite establecer relación causal de la muerte con la conducta de los guardias civiles.

Según la jueza López Muñoz se ha comprobado, a través del informe de ampliación de autopsia practicado por el Instituto de Medicina Legal de Almería, que la causa de la muerte de Juan Martínez Galdeano fue "una reacción adversa a drogas de abuso debida a un consumo previo de cocaína". También afirma la jueza que, de no ser por el consumo de drogas (dice el informe que cocaína y heroína), "el Sr Martínez Galdeano sufrió lesiones consistentes en hematomas, erosiones, equimosis e infiltrados cutáneo-musculares de las que hubiera tardado en curar 20 días, tras una primera asistencia facultativa y un tratamiento consistente en reposo, curas locales y medicación analgésica-antiinflamatoria local y general".

Desde ese momento, el caso Roquetas "huele a podrido". Según fuentes judiciales, ha sorprendido mucho que la acusación particular, la que representa al fallecido, haya consentido este auto sin recurrirlo y pida ya la apertura del juicio oral con los mismos argumentos que ha mantenido la jueza y que son contrarios a su defensa. Tanto es así que la Fiscalía sí que ha recurrido el auto indicando que el informe de ampliación de autopsia no vale en todas sus afirmaciones. Y solicita una ampliación de dicho informe, algo que no ha pedido el abogado de la familia del fallecido Martínez Galdeano. Según fuentes judiciales, aparentemente, "la familia cuando menos se ha rajado o ha pactado con la Guardia Civil".

Esta situación de supuesto pacto, ha sido rota por el fiscal del caso Roquetas que ha solicitado que se revise la autopsia que realizaron el jefe de Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal de Almería, el doctor Juan Luis Sánchez Blanque, y la médico forense adscrita a él, Isabel Díaz Gorostegui. La Fiscalía solicitó el pasado 14 de abril que se amplíe dicho informe de autopsia y pide la intervención de un tercer médico forense por la complejidad de las conclusiones medico legales que hay que adoptar. Para la Fiscalía hay que estudiar detenidamente si en el fallecimiento de Galdeano fueron determinantes las inmovilizaciones que le practicaron los guardias civiles. También la Fiscalía afirma que cómo es posible que en el informe forense se indique que el comportamiento de Galdeano era de "delirio agitado inducido por la cocaína", cuando al observar el video grabado por las cámaras de seguridad del Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas se observa que el fallecido entró tranquilo en dicho cuartel sobre las 16,15 horas y que hasta que intentó marcharse a las 16,33 horas mostró un comportamiento aparentemente tranquilo. 

También el fiscal del caso Roquetas pide a la jueza que se vuelvan a analizar las marcas dejadas en el cuerpo de Galdeano por parte de los guardias civiles que utilizaron sus calzados, porras y otros objetos de defensa para su inmovilización. Objetos que la jueza no ha incorporado, incomprensiblemente, todavía a la causa como piezas de convicción.
Pero la Fiscalía, al contrario de lo que ha hecho la defensa de la familia de Galdeano, va mas allá y solicita también que se revise el disco duro de la grabación de las cámaras de seguridad del Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas ante una posible manipulación. Solicita que dicho disco duro se vuelva visionar en un formato compatible, desde las cuatro de la tarde hasta que finalizo dicho día. Que sea analizado ante la posibilidad de que no haya sido visto en su totalidad, de forma continua y a velocidad normal. 

Estas peticiones de la Fiscalía, no solicitadas por parte de la defensa del fallecido, han hecho que el caso Roquetas no se cierre en su instrucción judicial y que ahora haya que practicar todas estas diligencias complementarias, para lo cual ya se ha remitido oficio al Instituto de Medicina Legal de Almería para que nombre a un tercer médico forense que ratifique o no el informe de la autopsia. También se ha puesto ya en aviso a la Brigada de la Policía Científica de Almería para que se recupere el vídeo que recogieron las cámaras de seguridad del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas. Incluso se ha solicitado al Tribunal Militar Central los testimonios de sus resoluciones para ver como quedó el expediente disciplinario militar abierto a los guardias civiles, del cual no se ha vuelto a saber nada, así como las pruebas que se conservan allí y que no están en la instrucción penal. 

También la jueza ante este cúmulo de nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía, ya ha pedido que se incorporen a los autos los objetos de defensa utilizados por los guardias civiles para inmovilizar al fallecido agricultor y que a día de hoy todavía no se habían incorporado a la causa, como las porras y el spray, que sigue en una vitrina del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla.

Pero no terminan aquí las sospechas y presuntas irregularidades en la instrucción del caso Roquetas. Ya que, paralelamente, y mientras se instruía el procedimiento, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, como viene realizando en otros tantos procedimientos judiciales (caso Pinochet, desaparecidos dictadura militar argentina, caso Guatemala…) se personó o, mejor dicho, trató de hacerlo como acusación popular. El referido Juzgado impuso que para tenerles por personados se necesitaba depositar una fianza de 30.000 euros, lo que es absolutamente inusual de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Una cantidad además desorbitada. Contra dicha resolución, la Asociación interpuso recurso de reforma que fue desestimado por la jueza Estefanía López en auto de 12 de diciembre de 2005. En dicha anómala resolución, y sin perjuicio de otras valoraciones jurídicas, se afirma por parte de la Juez, y sin ningún tipo de rubor, que los fines asociativos de la Asociación Pro Derechos Humanos no tienen nada que ver con la muerte de ciudadanos: "...Todos estos loables fines, la defensa y promoción de los derechos humanos, no tienen nexo directo con el bien jurídico afectado en el caso que nos ocupa: el derecho a la vida y a la integridad física del fallecido D. Juan Martínez Galdeano".

Así mismo, los otros dos argumentos para imponerles la millonaria fianza fueron tan increíbles como los siguientes: porque dicha Asociación tiene su sede social en un céntrico y elitista barrio madrileño, el barrio de Salamanca, en la calle Ortega y Gasset; y el otro argumento fue que el poder para pleitos que utilizaron en su personación en el caso era notarial y esto un signo de tener dinero. Hoy, un poder notarial cuesta 30 euros. Ante estas dos afirmaciones de la jueza López Muñoz caben tres preguntas: ¿Sabe la jueza cómo se sufraga la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos? ¿Sabe cómo paga dicha Asociación los poderes notariales? ¿Sabe si lo paga un miembro de la Junta Directiva de su bolsillo o lo dona el notario?

Ante esta controvertida situación, el fiscal del caso Roquetas ya se ha adherido a la petición de personación de la Asociación Pro Derechos Humanos, quien ya ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Almería en apelación, y todavía no se ha resuelto el recurso. Sin embargo, el fiscal de la Audiencia Provincial también se adherido al mismo, lo que hace presumir que la resolución puede ser favorable. La fiscalía afirma que se debe rebajar "sustancialmente" la fianza, de lo contrario se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva. La Asociación Pro Derechos Humanos ya ha interpuesto la correspondiente queja ante el Consejo General del Poder Judicial para que depure las responsabilidades en la que haya podido incurrir la jueza Estefanía López. Esta actuación puede ser constitutiva o bien de sanción o bien de un delito de prevaricación. Ahora la Comisión de Disciplina del Consejo deberá tomar una decisión al respecto, y ver si la aparta del caso. Una jueza que ya desde el inicio de la instrucción mostró síntomas de agotamiento y de inseguridad, como ocurrió en los primeros días del procedimiento cuando tuvo que solicitar una baja médica por ansiedad, quedando durante varias horas apartada de la instrucción del caso.

Todos estos condicionantes hacen que el caso Roquetas haya tomado unos derroteros nada limpios en su instrucción y que sobre él planeen ya sospechas de posibles amaños e irregularidades judiciales.