Así se colocan los ex altos cargos: la gran bicoca
Por Juan Luis Galiacho
Aunque la Ley de Incompatibilidades para altos cargos de la Administración estatal prohíbe a los ministros y secretarios de Estado tener "un vínculo profesional o recibir una remuneración de las empresas con las que se ha relacionado como alto cargo y a no poseer una participación accionarial superior al 10 por ciento en ninguna empresa que contrata con la administración pública", hoy en día esta práctica no se cumple apenas. Y aunque esta incompatibilidad dura un plazo de dos años desde el cese, existen varias fórmulas para evadirla antes de tiempo.
Y como muchos cargos lo saben, por consiguiente, la vulneran. Junto a la periodista,
Yolanda Rodríguez, uno de los valores más en alza del periodismo español, hemos realizado un exhaustivo trabajo de investigación para analizar casos concretos de cómo viven actualmente estos ex altos cargos, que un día dirigieron desde su "púlpito" estatal, autonómico o local la vida política, económica y social de España.
Un ejemplo claro y notorio es el de Alfredo Timmermans, que fuera responsable de la política de comunicación del Gobierno de José María Aznar hasta abril de 2004. Timmermans fichó por Telefónica para llevar la representación institucional de la compañía en Estados Unidos, después de superar un expediente sobre incompatibilidades. Durante su período institucional, Telefónica fue beneficiada por importantes decisiones del Ejecutivo que presidía Aznar. La amenaza de una sanción de inhabilitación por tres años para cargo público, hizo que el propio ex asesor presidencial renunciase a su retiro dorado. Pero todo fue una presunta trampa. Legalmente Telefónica rompió el contrato, pero empleó la argucia de fichar al abogado madrileño a través de una de sus filiales al otro lado del charco con lo que la incompatibilidad se esfumaba.
También, recientemente, Sigfrido Herráez, ex responsable de vivienda del PP de Madrid y concejal de dicha área del Ayuntamiento capitalino hasta el pasado 26 de septiembre, fue nombrado vicepresidente del grupo inmobiliario Rayet, donde ocupa la dirección de las divisiones de Construcción y Promoción de la compañía. Este grupo constructor, con sede en Guadalajara, pero con oficina en Madrid, se dedica al desarrollo de suelo urbanizable, promoción inmobiliaria, gestión de cooperativas, obra civil y construcción de viviendas, y se encuentra actualmente en proceso de diversificación con la incorporación de otras líneas de negocio relacionadas con los hoteles, geriátricos y medios de comunicación. Además construye un centro sanitario y viviendas en el PAU de Vallecas, cuya junta de compensación presidía el ex edil.
Según los expertos consultados, "en el Ayuntamiento no rige el sistema de la Comunidad o la Administración central, donde un cargo público tiene la obligación de esperar dos años para trabajar en empresas privadas o vinculadas a su actividad política. Sólo sería incompatible con su anterior cargo de concejal en el caso de que hubiera adjudicado proyecto a la constructora Rayet o a sus filiales".
Se da también la coincidencia que Herráez está casado con la hija de otro importante constructor, Luis Gálvez, con negocios en la capital de España, en concreto, la nueva urbanización de la zona norte. Y que recientemente el ex concejal compró, a través de su empresa Arquitectura y Cultura, dedicada a gestionar alquileres, el 6% de una finca rústica de 155.000 metros cuadrados en Móstoles. Su mujer adquirió otro 28%. En total, ambos se hicieron con 52.700 metros cuadrados por sólo 2,6 millones de euros. El concejal, que admite esta operación, asegura que revendió su 6% ese mismo mes -y por el mismo dinero- al darse cuenta de que la recalificación de la finca como urbanizable iba para largo.
También, José María Erenas Godín, director de suelo de Madrid hizo negocios con adjudicatarios de solares públicos. Así, la sociedad Whistle, SL, de la que es consejero delegado, permutó con la inmobiliaria Bigeco una finca de 7.308 metros cuadrados en Daganzo (Madrid) en abril de este año. Los documentos de la operación afirman que Whistle, constituida en diciembre de 2002, permutó la finca con Bigeco por 524.445 euros y 13 parcelas "totalmente urbanizadas", valoradas en otros 901.518 euros. Así mismo, la constructora Sacyr Vallermoso, que controla el omnipresente Joaquín del Rivero con la ayuda de Juan Abelló, ha blindado a ex altos cargos del PSOE y del PP. Por ejemplo, Rafael Arias Salgado, ex ministro de Fomento con el PP, por citar su último cargo en el servicio público, y presidente de Carrefour España, ha sido uno de sus últimos fichajes.
Allí se verá las caras con Pedro Pérez, que fuera presidente de Tabacalera antes de transformarse en Altadis y secretario de Estado de Economía en tiempos de los gobiernos del PSOE. Pérez es consejero independiente en una sus filiales y, ahora, preside Itinere, empresa que gestiona las concesiones de autopistas del grupo. También Luis Carlos Croissier, ministro de Industria en los primeros años de los Gobiernos del PSOE y más tarde primer presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha sido otro de los grandes personajes políticos incorporados a la égida de Sacyr Vallehermoso.
Por último, Luis Eduardo Cortés, que fuera consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Comunidad de Madrid hasta la llegada de Esperanza Aguirre, ha sido nombrado presidente no ejecutivo de la división inmobiliaria del grupo de Del Rivero. Como se observa todo un cúmulo de coincidencias.
Quién también tiene muchas coincidencias favorables es Abel Matutes, un afortunado hombre de negocios. Algunos lo consideran una especie cacique isleño (Ibiza). Tras unos años de comisario europeo en Bruselas y de eurodiputado, Aznar lo hizo ministro de Asuntos Exteriores. Matutes alternó en ocasiones su importante tarea en Exteriores con presuntos tráficos de influencias favorables a sus empresas. El bochornoso episodio de Cabo Verde fue su mayor escándalo de incompatibilidades. Sin embrago, tras haber sido nombrado consejero independiente del SCH, volvió a ser cuestionado después de que la SEPI otorgase la privatización de Trasmediterránea al holding en el que él participaba.
Su compañero de aventuras, Marcelino Oreja, con 70 años de edad, ex ministro de Exteriores y que encabezó la candidatura al Parlamento Europeo por el Partido Popular y presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, también se ha cambiado al sector de la construcción. Es presidente no ejecutivo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa de Esther Koplowitz. Además, desde junio de 1992 y hasta su nombramiento como comisario europeo en 1994, fue presidente de Northern Telecom España.
Otro político popular, Eduardo Serra Rexach, ex ministro de Defensa y abogado del Estado en excedencia, presidente el Patronato del Museo del Prado. Serra Ha sido, entre otros cargos, secretario de Estado de Defensa (1984-1987), presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, presidente de Peugeot-Talbot España, de Airtel, presidente del Banco UBS Warburg, miembro del Club de Bilderberg y presidente del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
Otro ex ministro de Defensa, éste a las órdenes del PSOE y también apellidado Serra, ha sido nombrado presidente de Caixa Catalunya. Se trata de Narcis Serra. Su nombramiento no ha estado exento de denuncias. Así su antecesor en el cargo, Antoni Serra Ramoneda, culpó de su salida al ministro de Industria y ex presidente de la Diputación de Barcelona, José Montilla. Pero lo que ya no es tan sabido es que su padrino fue Narcís de Carreras (de ahí le viene el nombre), que fuera presidente de La Caixa.
Un caso diferente, pero con las mismas connotaciones, es el ex director general de la Policía con el PP, Juan Gabriel Cotino. Éste abandonó su puesto en la Policía en 2002 al ser elegido delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, cargo del que cesó en abril de 2004 con la llegada de Zapatero a La Moncloa. El 26 de agosto de ese mismo año ya fue nombrado conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, donde sigue actualmente.
Quién si ha sufrido directamente las denuncias de incompatibilidad ha sido Carlos Mayor Oreja, hermano del ex ministro del Interior Jaime Mayor y que fuera consejero del Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón durante dos legislaturas. Tras la salida de su cargo fue nombrado director general de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. Así mismo, el Gobierno del PP nombró en el 2002 secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria, el máximo órgano de coordinación de las universidades, al ex rector de la universidad privada San Pablo CEU y catedrático de Economía, José Raga. Pero si hay un caso inicial sobre incompatibilidades es de Florentino Pérez, hoy presidente del grupo constructor ACS y del equipo de fútbol del Real Madrid. Así en 1973 fue nombrado director general de la Asociación Española de la Carretera, cargo que ejerció hasta 1976 cundo pasó a ser el delegado de los Servicios de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. El fracaso de la UCD -luego ingresaría también en el Partido Reformista Democrático (PRD)- en las elecciones generales de 1982, le llevó a cambiar la política por el ladrillo.
Pero también los altos cargos, al margen del ladrillo, tienen otros intereses. Por ejemplo, dedicarse a la comunicación privada tras su salida institucional. Es el caso de Miguel Ángel Rodríguez, el que fuera el otro yo de Aznar. Rodríguez, más conocido como MAR, dirige desde diciembre de 1998 la productora de televisión Splendens Ibérica. Y así en 1999 vendió a Antena 3 TV el programa "El tiempo pasa, corazón", un magacín de noticias del pasado, presentado por Marta Robles. En el 2000 vio la luz "Enrédate", un concurso de Internet presentado por Pilar Socorro y Silvia Fominaya, que fue emitido por La 2 de TVE. En 2002, Splendens produjo, también para el ente público controlado entonces por el PP de Aznar, "El rival más débil" un concurso de cultura general inspirado en un formato de la BBC y presentado por Nuria González y Karmele Aramburu. Por último, Antena 3 TV compró "Sin noticias de...", un programa de búsquedas de personas desaparecidas, presentado por Carmen Baños y Carlos Berbell. Y lo último que se le conoce fue el controvertido vídeo sobre el 11-M para la FAES del PP de Aznar.
Cómo se puede observar muchos casos de presuntas incompatibilidades de los altos argos institucionales españoles. Una larga lista a la que se pueden añadir más nombres como los de. Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP de Madrid. y ex alcalde de Majadahonda. El 8 de mayo de 2001 presentó su dimisión como primer edil majariego, no obstante, siguió como vocal del Consejo de Administración de Caja Madrid y como Consejero de la Empresa Trasmediterránea. O el de otro ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, actualmente en el Mercado Puerta de Toledo. O el de su compañero de partido, José María Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid que debe a las arcas públicas 103.000 euros que se gastó, según el Tribunal de Cuentas, en viajes privados. Manzano es actualmente presidente de la junta rectora de la Institución Ferial de Madrid Ifema), con un sueldo que ronda los 96.000 euros anuales (lo mismo que cobraba de alcalde). Ese cargo era, hasta ahora, no remunerado
Sin olvidar al ex ministro popular, Josep Piqué, que participó en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno en las que se examinó la situación del grupo químico Ercros que había presidido hasta 1996. Su firma, junto con la de los ministros de Trabajo de la época (Javier Arenas) y de Economía (Rodrigo Rato), formalizó la condonación de 7.400 millones de las antiguas pesetas de un préstamo total de 8.500 concedido a la empresa por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 1994. O el nombre de Gregorio Peces Barba, el Alto Comisionado de las victimas del terrorismo, que podría estar violando la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Ya que, según algunas denuncias no concretadas, Peces Barba sigue ocupando el cargo -y cobrando- de rector de la Universidad Carlos III, actividad privada que no se contempla como compatible por el artículo 4 de citado texto legal. Y así una larga lista que nunca se terminaría.
