El "caso AVE" puede poner de nuevo al PSOE en la picota
Por Juan Luis Galiacho
El denominado "caso Ave" sobre la presunta financiación ilegal del partido a través de las comisiones del
AVE Madrid-Sevilla cobradas a principios de los años noventa
puede poner de nuevo al PSOE de Rodríguez Zapatero contra las cuerdas. Los dirigentes socialistas buscan desesperadamente que una posible sentencia condenatoria sobre los antiguos métodos de financiación de la
era felipista no sea utilizada en su contra por la oposición en plena guerra del Estatuto catalán.
Desde hace meses la Audiencia Provincial de Madrid juzga este caso, que ya se ha paralizado en varias ocasiones por los recursos de los abogados socialistas y por algún que otro incidente judicial. La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción decidió prescindir de la toma de declaración como testigo del secretario de Organización del PSOE,
José María Benegas, después de que la fiscal del caso, que había solicitado la comparecencia, renunciara a la misma.
En la vista, donde actualmente se está practicando la prueba pericial, todavía faltan por comparecer siete u ocho testigos de las acusaciones y todos los previstos por las defensas que declararán más adelante. Ya lo hizo el que fuera responsable de finanzas del PSOE,
Guillermo Galeote. Este no tuvo ningún reparo en afirmar que es una
"hipótesis descabellada" pensar que hubo sobornos al Consejo de Ministros de entonces por parte de las empresas que resultaron adjudicatarias del tren de alta velocidad.
"Eso no es como comprar trenes en 'El Corte Inglés'", dijo.
La Fiscalía Anticorrupción considera probado que trece antiguos dirigentes y comisionistas de ese partido y ex directivos de la empresa
Siemens han cometido varios delitos fiscales, cohecho y falsedad, por los que pueden ser condenados a un total de 149 años de prisión (en penas que van desde los 3 a los 20 años para cada imputado) y hacer frente a multas por un valor total de 101 millones de euros, así como indemnizar a Hacienda con otros 6.
La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones es rotunda:
"el PSOE ideó un plan para recabar comisiones de los distintos fabricantes y contratistas del
AVE". Según se indica en este documento, "existió un plan organizado para obtener recursos económicos para el PSOE o para algunos de sus militantes y simpatizantes en compensación a los servicios prestados al partido, todo ello a partir de las adjudicaciones de los contratos del
AVE".
Entre los acusados se encuentran el ex ministro de Sanidad y Consumo y ex presidente de RENFE
Julián García Valverde; la ex responsable de finanzas del PSOE
Aida Álvarez; el ex diputado socialista Carlos
Navarro; y el ex director del gabinete de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis en La Moncloa
Florencio Ornia. Los otros procesados son el ex director de compras y mantenimiento de RENFE
Leopoldo Iglesias; el ex administrador de Filesa Luis Oliveró; el esposo de Aida Álvarez,
Miguel Molledo; el ex alto cargo socialista Valentín
Medel; el ex miembro del Comité Electoral del PSOE Juan Carlos Mangana y su socio
Sotero Jiménez; el ex secretario del ex responsable de finanzas del PSOE
Guillermo Galeote. También se sientan en el banquillo de los acusados
Mario Huete, Francisco Francés y Juan José
Chinchilla, ex responsables de Siemens.
La vista oral del "caso AVE" se inició el pasado 16 de febrero, pero hasta el 29 de marzo el tribunal estuvo examinando las denominadas
"cuestiones previas" planteadas por las partes. Los abogados de los principales imputados socialistas: Rafael Burgos (por García Valverde), Horacio Oliva (por Carlos Navarro) y Francisco Montiel (por Aida Álvarez y Miguel Molledo) intentan a toda costa ganar tiempo. Máxime cuando sus clientes ya avalaron en su día una fuerte fianza que les fue impuesta por un total de 2,5 millones de euros para garantizar su eventual responsabilidad económica en el caso.
De nuevo el "felipismo" se encuentra bajo la lupa de la Justicia. Precisamente, este modo tan particular de hacer política e enriquecerse dejó muchas cuentas pendientes por saldar a causa de la exasperante lentitud de la Justicia y a la falta de colaboración de instituciones públicas y privadas, todas ellas proclives a un pacto de silencio sobre aquella época.
El " caso AVE" fue desglosado por el Tribunal Supremo en 1994 del caso Filesa para investigar otras vías de financiación irregular del PSOE, en concreto las supuestas comisiones ilegales pagadas por la construcción de la línea del AVE Madrid-Sevilla y por la compra de locomotoras. Se trata de la llamada
"trama suiza" del "caso Filesa".
El caso se remonta a 1987, cuando un grupo de responsables del PSOE relacionados con la Secretaría de Finanzas y Administración, el Gabinete de Presidencia y antiguos miembros de comités electorales del partido, junto con familiares y amigos, urdieron un plan para recabar comisiones ilícitas de los contratistas, fabricantes y tecnólogos del primer AVE español con el objetivo de financiar irregularmente a ese partido.
Las empresas del Grupo 2020, como también GMP, Atacir y Part Mix, vinculadas a los comisionistas socialistas Aida Alvarez, Miguel Molledo, Sotero Jiménez, etc, percibían dichas comisiones ilegales y las hacían llegar presuntamente al partido desviándolas primero a "sociedades pantalla" ubicadas en el extranjero a cambio de servicios que nunca llegaron a prestarles.
Según la fiscal del caso, Teresa Gálvez, las comisiones abonadas por las multinacionales ferroviarias
Alsthom y Siemens superaron los 723 millones de las antiguas pesetas y representaron un 55 por ciento del total de dinero -se estima que unos 1.300 millones en su mayor parte de origen desconocido-
"que se abonaron en las cuentas suizas del PSOE" y que fueron destinados a pagar gastos electorales, entre otros gastos.
