La financiación irregular del PSOE: la venta de inmuebles II
Por Juan Luis Galiacho
En julio de 1989, caducaba la licencia de explotación de Casino Costa Blanca SA (casino alicantino del que se hablaba en el capítulo anterior), por lo que Julio Martino Fernández de Torres, íntimo amigo del ex presidente Felipe González, tuvo que liquidar su deuda con la entidad, que en esa fecha debía 499 millones al Tesoro Público. Sin embargo, era imposible llegar a la renovación de la licencia a pesar de las evidentes buenas relaciones entre los Administradores de Casino y el Gobierno autonómico valenciano presidido por entonces por el mandatario socialista Joan Lerma.
Para liquidar la deuda y poder renovar la licencia por otros diez años, recurrieron a la siguiente operación: La venta de los terrenos de Casino Costa Blanca SA. Así, en marzo de 1989, con el apoyo de una entidad crediticia controlada por el poder socialista, Casino Costa Blanca obtiene de Caja Postal un crédito de 950 millones con garantía hipotecaria sobre sus terrenos que en aquella época no superarían un precio de mercado de 400 millones de pesetas.
Una vez conseguido el crédito con garantía del terreno, encuentran a dos presuntos testaferros, "Velasco y González", promotores malagueños, que adquieren el terreno a Casino Costa Blanca SA en 399 millones, subrogándose a la hipoteca de 950 millones.
"Velasco y González" pagan a Casino los 399 millones de la compraventa, con los que liquidan la deuda con la Hacienda Valenciana. Una vez deducidas las correspondientes "mordidas" pagadas a Caja Postal y a "Velasco y González", éstos por poner la firma, 396 millones de pesetas se transportaron en un furgón de la empresa de seguridad ESABE hasta la casa de Fernando Pasqual del Pobil, situada en el Secanet, en el término municipal de Villajoyosa.
Según, relata el imputado en el caso Filesa Alberto Flores, "esperaban la llegada del botín, Nicolás Franco, José Anastasio Moreno Martín, Fernando Pasqual del Pobil, Isidro López de la Llave (Relaciones Públicas del Casino) y Fernando Múgica".
Dos empresarios, Cortina y Royuela, que habían suscrito un contrato con depósito de prenda para la compra de los terrenos, al sentirse traicionados, presentaron denuncia por delito fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
También Julio Martino, que había roto las relaciones con sus "socios", al sentirse engañado con el fallido el "pelotazo" prometido sin poner un duro, y marginado en la operación de venta del terreno realizada a sus espaldas, se querelló contra Nicolás Franco, José Anastasio Moreno Martín y Fernando Múgica. Asumió la defensa del querellante el despacho de Ramón Hermosilla.
Según Flores, "Martino se entrevistó con González en Moncloa y le puso en antecedentes de sus malas relaciones con Fernando Múgica -a quien Felipe González había recomendado como abogado-, que pasó a ser Secretario del Consejo de Casino Costa Blanca y de ATALCOBA SA. Martino consultó a González sobre la adquisición de acciones de Casino y le pidió consejo sobre quien debería llevarse de abogado. El presidente le dijo: "De abogado, llévate al Poto", decía Martino a quién le quisiera oír"
Dice Flores que "es seguro que éste abusase de su amistad con el Presidente y le engañase en la forma en que se realizó la operación de compra. Pero un hecho rigurosamente cierto es que el entonces gobernador del Banco de España Mariano Rubio recibió a Julio Martino, a Fernando Múgica y a Nicolás Franco, por alguna llamada de personas del entorno de la Moncloa".
Según Flores, "Nicolás Franco no necesitaba de nadie para ser recibido por Mariano Rubio porque, podía hacerlo a través de López de Letona, tío del Gobernador, o de su amigo Ruiz de Alda, pero necesitaba a Martino dada su amistad con el Presidente para blindar la operación de compra de los activos y paralizar el embargo de las acciones de RECOIN SA. El frente de Valencia ya se había ganado con el alzamiento de bienes autorizado por la Consejería de Hacienda, pero había que paralizar las acciones legales del Fondo de Garantía, que a buen seguro habrían llegado a buen término. (Múgica, se entrevistó con González Cajigas a la sazón Jefe de la Asesoría Jurídica del Fondo de Garantía)".
El escándalo de la querella de Martino contra Nicolás Franco y Múgica había llegado demasiado lejos. "Es probable", dice Flores, "y coincide en el tiempo, que González pidiera a Múgica que presentase la dimisión de todos sus cargos en Guipúzcoa y es muy posible que su hermano Enrique pagase los platos rotos siendo destituido como Ministro de Justicia".
Las investigaciones demostraron que Julio Martino recibió en 1990 información confidencial sobre cómo se realizó el traslado de los 396 millones desde el Banco de España en Alicante hasta la casa de Fernando Pasqual del Pobil. El Juez envió un exhorto a ESABE y al Banco de España, quienes confirmaron que el día 13 de marzo de 1989 un furgón de ESABE transportó 396 millones hasta la casa de Fernando Pasqual del Pobil en el Secanet (Villajoyosa). El Banco de España llegó a dar hasta la numeración de los billetes. (Hechos probados durante la instrucción de la querella.)
Puede ser una casualidad, pero la aparición de las cuentas de Mariano Rubio en Suiza, tras el escándalo Ibercor, dio un balón de oxígeno a Nicolás Franco y compañía, prácticamente noqueados. Según Alberto Flores, "es entonces cuando Martino, preso del pánico, retira la querella y llega a acuerdos extrajudiciales con Nicolás Franco - que amenazaba con echar toda la mierda en el ventilador - vendiéndole las acciones de Casino en poder de ATALCOBA en 500 millones, en Letras de cambio con garantía del edifico del CASINO".
Paralelamente a esta situación, el escándalo de los Fondos Reservados deja al descubierto la compra de un piso "dúplex" en la calle madrileña de Almagro, 20 por parte de Piluca Navarro -la fiel secretaria del Presidente González - y su marido, el pintor Fajardo. Curiosamente el piso "dúplex" estaba situado encima del de Martino, que era su vivienda habitual y que luego fue puesto a la venta. Lo que es rigurosamente cierto es que los gastos de comunidad del "dúplex" los pagaba Martino desde 1987 hasta la adquisición del mismo por el matrimonio Fajardo. El por qué todavía nadie lo sabe, aunque muchos lo intuyen.
Cabe la hipótesis que Martino o un tercero recibiera en dinero B el importe de las Letras depositadas en el Fondo de Garantía como parte de los arreglos financieros. Dicho importe, incorporando la Letra que propició el embargo de las acciones de RECOIN (Casino Costa Blanca), sumaria la cantidad de 152.677.739 de las antiguas pesetas. Un precio muy aproximado al pagado por el mencionado "dúplex".
Algunos apuntan que el hecho de no haber otorgado Escritura Pública obedecería a razones fiscales - incremento de patrimonio no justificado - y a la facilidad de llegar a acuerdos con la promotora inmobiliaria, de la que era Directora General Petra Mateos, Jefe de Gabinete de Miguel Boyer cuando era Ministro de Hacienda.
Como se puede observar, así todo quedaba en casa. Nunca mejor dicho.
