Por Juan Luis Galiacho

Pero fue en 1983 cuando entró en política al ser designado por el PSOE concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real y consejero de Educación y Cultura. En 1986 pasó a dirigir el partido en su ciudad. Nueve años más tarde, en 1997, fue designado secretario General del PSOE de Castilla-La Mancha y, en el XXXV Congreso del partido, celebrado en el año 2000, entró a formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal. La mano derecha de Bono ha sido también presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha durante dos legislaturas. La marcha de José Bono a Madrid el pasado mes de abril le abrió definitivamente las puertas para gobernar por sí mismo, pero manteniendo el clientelismo que durante más de 21 años ha definido el gobierno socialista en Castilla-La Mancha. Un aspecto innato a la gestión del hoy ministro de Defensa en el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Los primeros problemas en el mandato de Barreda ya han surgido. Por ejemplo, que las mujeres padecen en Castilla-La Mancha una grave discriminación salarial, la más alta de España a tenor de los últimos datos del INE. Según el diputado del PP Jesús Rodríguez Camaño, a igual trabajo la mujer cobra un 28 por ciento menos que el hombre en esta comunidad autónoma. Además, el 75 por ciento del paro registrado en el último año en Castilla-La Mancha es de desempleo femenino. 

Por otro lado, el control de los medios de comunicación en Castilla-la Mancha sigue siendo total por parte de Barreda, un herencia que continua sin fisura alguna. Por citar un ejemplo reciente, los telespectadores de los informativos territoriales de Televisión Española no pudieron conocer la noticia de que José Manuel Molina será el candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha en el X Congreso Regional que este partido celebrará en Toledo los días 12 y 13 de noviembre. Por eso, el gobierno de Barreda continua con un ejercicio de sectarismo y control de los medios públicos como en la era Bono.

Precisamente, el hoy ministro de Defensa se ha convertido por méritos propios en el político más polémico del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Va de polémica en polémica, y ha pasado, casi sin transición, de ser el presidente populista de Castilla-La Mancha, con seis victorias electorales, a convertirse en el miembro del Gobierno con más controversias acumuladas en menos tiempo. Pero en su feudo castellano-manchego también ha saltado otro escándalo a costa de una promesa incumplida de Bono a la Guardia Civil. Y es que Bono, en su calidad de presidente regional, prometió una subvención de seis millones de euros para arreglar las casas-cuartel de Castilla-La Mancha, una promesa que realizó en el acto de la patrona de la Guardia Civil del año 2002 y que el Consejo de Gobierno aprobó en enero de 2003, a tan sólo unos meses de las elecciones autonómicas, en las que Bono aspiraba a la reelección. Las protestas ya han surgido. La primera de la Asociación Unificada de la Guardia Civil que ha denunciado que el compromiso de Bono "no se ha notado" en las viviendas de los guardias civiles, muchas de las cuales se encuentran en un estado lamentable. Según la oposición, esa promesa de Bono ni siquiera se llegó a incluir en los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha: "No hay nada en el anexo de inversiones que se refiera a este compromiso. Todo fue un guiño electoral vacío, pura ficción o efecto mediático", afirman. 

También la oposición del PP ha afirmado que la próxima ruta de El Quijote, que conmemorara durante el año 2005 el IV Centenario de la obra maestra de Miguel de Cervantes, se puede definir como la "ruta de intereses de Bono y su gente", ya que el itinerario diseñado por la Junta de Castilla-La Mancha atiende más a importantes inversiones que está llevando a cabo el Gobierno de Barreda en dichas localidades que al contenido real de la novela en la que aparecen más de un millar de pueblos esparcidos por toda La Mancha. Por ejemplo, inicialmente, el pueblo albaceteño de El Salobre, de donde es natural José Bono, aparecía en la ruta aunque no figura ni por asomo en la novela de El Quijote. En el listado inicial de pueblos, muchas de las localidades que aparecen en la novela se han quedado fuera y otras aparecen como Sigüenza y Atienza, que no figuran ni siquiera cercanas a la ruta del caballero más famoso de todos los tiempos.
Pero el primer escándalo con dimisiones políticas del nuevo gobierno regional de Castilla-La Mancha ya ha saltado. Y lo ha hecho en uno de los estamentos administrativos con más renombre: el cuerpo de los servicios jurídicos. La historia se remonta al año 2000. Así, por Orden de la Consejería de Administraciones Públicas (en adelante CAP) de fecha 10-04-2000 se convocaron 48 plazas de la especialidad Jurídica y 5 de Administración General, del Cuerpo Superior, para ser cubiertas por el sistema general de acceso libre, en la modalidad de concurso-oposición (si bien conforme al Real Decreto 364/1985, el sistema normal de selección será la oposición). Esta convocatoria fue impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

Con fecha de 23 de octubre de 2000, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal dictó sentencia en los autos 405/2000, anulando la Orden de la CAP, con alcance limitado a las especialidades de examen Jurídica y de Administración General. La firmeza de la Sentencia fue comunicada el 27 de febrero de 2004, procediéndose a convocar nuevamente el proceso selectivo para dichas especialidades por Resolución de 22-03-2004 de la CAP, con un total de 64 plazas: 53 de la Especialidad Jurídica y 11 de Administración General. Tras la remodelación del cuerpo ejecutivo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en adelante JCCM) después del nombramiento de José Bono como Ministro de Defensa, se fijó el 4 de septiembre de 2004 como fecha de realización del primer ejercicio, consistente en un examen tipo test. 

Pero este examen de la Especialidad Jurídica se apartó de los criterios seguidos por los Tribunales de anteriores convocatorias, incorporando preguntas de gran dificultad debido al nivel de detalle exigido. Ante tal panorama, los opositores, más de 700, salieron apesadumbrados y extrañados pues de todos es sabido que la JCCM necesita los servicios de funcionarios de esta Especialidad. El mismo día 7 de septiembre empezaron a circular rumores y correos electrónicos acerca de que entre los pocos que iban a aprobar se encontraban familiares y personas ligadas a altos cargos de la Administración regional con notas brillantes. El Tribunal designado por la Consejera de Administraciones Públicas, Llanos Castellanos, se reúne el 24 del mismo mes para corregir los exámenes, con el resultado desolador de sólo 11 aprobados.

El día 27 se convoca al Tribunal para la apertura de las plicas de los 11 aprobados, pero el Director General de la Función Pública (en adelante DGFP), Javier Sobrino, se presente y sugiere al Presidente del Tribunal, Luis Mozo Gallego (Delegado Provincial de Obras Públicas en Ciudad Real), que no es necesario que se abran las plicas pues la Consejera va anular la convocatoria. Esta anulación tendría por objeto evitar el conocimiento de la identidad de los aprobados y que de esta forma no existiera prueba palpable respecto de la vinculación con altos cargos. Pero el día 28 se reúne parte del tribunal, y desoyendo las consignas del DGFP, deciden abrir las plicas convirtiéndose en realidad lo que hasta ese momento eran simples rumores. 

Ante tal despropósito, varios miembros del Tribunal, deciden presentar la dimisión. Los acontecimientos se precipitan y la Consejera cesa al DGFP, si bien el manifiesta que dimitió, y, por Resolución de 29 de septiembre de 2004, decide suspender el proceso selectivo, fundamentando dicha medida provisional en supuestas llamadas y correos electrónicos sobre la no idoneidad de la prueba y la posible existencia de alguna incompatibilidad de algunos aprobados respecto del personal implicado en concreto en este proceso selectivo, ordenando una investigación interna.

Esto significa que puede existir una presunta implicación a alto nivel en estas oposiciones. En este sentido, es claro que al menos un sobrino del director general destituido, de nombre Héctor Álvarez Sobrino, y la que, según fuentes sindicales es su novia, María Raquel Jiménez Iglesias, se encontraban dentro del personal seleccionado, tal como aparece en la propia relación de aprobados de la página web de la Junta. El resto de los 11 seleccionados son: Jesús Ballesteros Ballano; Ana Isabel Cabezuela Mallo, Francisco Javier Cuenca García, Celsa Frores Andrade, David Gómez González, María del Carmen Menchero Cano, María Dolores Sánchez Navarro, Eva María Pinés Martín y Carolina Oliver Cerrada. Desde el Gobierno de Barreda se afirma que, de momento, se ha acordado dar traslado de los hechos a la Fiscalía, al tiempo que ha abierto una investigación interna para conocer a fondo lo sucedido y el alcance de la situación. 

Para la oposición, "si bien no existen hechos materialmente probados sobre la posible filtración del examen, son muchas las casualidades, pero todo apunta a un presunto delito de prevaricación". El sindicato CSI-CSIF ya ha señalado directamente con el dedo acusador al ex presidente regional, José Bono. Sin embargo, el único damnificado por ahora ha sido el director general de Función Pública, Javier Sobrino, cesado por graves irregularidades. Los sindicatos empiezan ya a barajar la posibilidad de un presunto nepotismo en el proceso selectivo.