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El Supremo investiga presiones en la labor policial de Melilla
Por Juan Luis Galiacho
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Las presiones sobre la labor de los inspectores policiales en Melilla han llegado ya al Tribunal Supremo. El inspector jefe de la Unidad de Blanqueo de Melilla, Carlos Ramos Goris, envió el pasado mes de abril un escrito al juzgado en el que se indica que fue conminado a facilitar determinados datos fuera de los cauces legales y a pesar de que las actuaciones contra Imbroda se encuentran suspendidas hasta que la Sala Segunda de Supremo se pronuncie sobre ellas. En este escrito, al que ha tenido acceso e-defensor, se indica que: "por orden verbal Sr. Comisario Jefe Provincial de esta plantilla [Julián Sáez-Arenilla, desde hace un mes destinado como comisario jefe en Ávila] se ordena la práctica de gestiones en relación con dichas diligencias, en virtud del requerimiento del Sr. Delegado del Gobierno para puntualizar diversos extremos en relación con dichas diligencias y a solicitud de los hermanos Juan José Imbroda Ortiz, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, y Blas Jesús Imbroda Ortiz, presidente del Colegio de Abogados de Melilla, ambos imputados en dichas diligencias. Con la finalidad de no incurrir en ningún tipo de responsabilidad, es por lo que se solicita autorización a su Señoría para poder informar de los siguientes extremos: 1.-Domicilio de la calle Covadonga de Juan José Imbroda Ortiz, sobre uso de posible testaferro; 2.- Confirmación de si en el año 96-97, Juan José Imbroda Ortiz, ocupaba algún cargo en Emvisme SA; 3.- Relación de sueldo percibido a través de la Ciudad Autónoma de Melilla por Juan José Imbroda Ortiz, origen y destino del mismo".
La investigación del Supremo reside ahora en las graves denuncias del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial de Melilla sobre las presiones provenientes del presidente Juan José Imbroda y del que fuera Delegado del Gobierno en esta Comunidad, Arturo Esteban Albert. Este último, que alcanzó la presidencia regional del PP hace un mes y que es un hombre de José María Aznar, fue nombrado por Imbroda, tras el descalabro popular del 11-M, presidente de la Ciudad Portuaria como pago a fidelidades pasadas. Esteban Albert tuvo muy duras críticas hace un año al proponer la expulsión de las familias marroquíes de Melilla "si los hijos sometidos a su patria potestad protagonizaban hechos delictivos". Medida que fue impugnada por el defensor del pueblo, Enrique Múgica.
Tras este escrito, el inspector Carlos Ramos, que lleva ya seis años en Melilla y que fue quien descubrió toda la trama de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico por el que fue a prisión el ex consejero de Economía del Gobierno Imbroda, Francisco Suárez Reyes, recibió un aviso tranquilizador del juez instructor: "en lo sucesivo, ponga en conocimiento de este órgano judicial cualquier otra indicación que reciba en contradicción con la instrucción que se le reitera en este escrito con identificación del sujeto del que parte a los efectos legales oportunos".
En esta guerra cruzada de acusaciones, el presidente de Melilla envío el pasado mes de septiembre una misiva al ministro de Interior, José Antonio Alonso, en la que le decía: "el motivo de la presente es poner en su conocimiento una serie de perversas actuaciones que han cometido contra mí miembros de la Comisaría de Policía de Melilla, consistiendo estas en falsas acusaciones probadas documentalmente. Falsedades que dieron lugar a la apertura de diligencias por el Juez D. Manuel Oliver contra mí". Las operaciones policiales a las que se refiere Imbroda fueron bautizadas en clave con los nombres de "Operación Ático" y "Operación Dieta". En esta última se investigó al cuenta de Cajamar del Grupo Unión del pueblo Melillense (UPM)
Juan José Imbroda es senador desde el mes de marzo de 2000 y presidente de la Ciudad desde julio de 2000. Imbroda controla el gobierno de Melilla gracias a los 15 diputados de su partido UPM, ahora PP, mientras que la oposición está representada por 7 diputados de Coalición por Melilla (CPM), el partido del líder musulmán Mustafa Aberchán, y 3 del PSOE. En la actualidad, Juan José Imbroda figura en la página web del Senado como integrante de la Comisión de Defensa y de la de Suplicatorios. Precisamente, esta última será la que deba estudiar su caso si el Tribunal Supremo se declara finalmente competente en caso de encontrar indicios de culpabilidad. Por el momento, el magistrado Bacigalupo sigue analizando las pruebas aportadas y ya ha comunicado al Juzgado de Instrucción nº 5 de Melilla que "las actuaciones queden en suspenso" hasta que la Sala Segunda se pronuncie.
Se da la circunstancia de que dos presidentes de los cuatro que ha tenido Melilla hasta el momento han sido inhabilitados posteriormente por la Justicia española para ejercer cargos públicos. Se trata de Ignacio Velázquez (PP, de 1991 a 1998) y de Enrique Palacios (PP, de 1998 a 1999). Pero, además, antes de ser Ciudad Autónoma, también fue inhabilitado el alcalde Gonzalo Hernández (PSOE, que estuvo de 1983 a 1991). Y ahora, el Supremo investiga la gestión de Imbroda.
La oposición opina que "Melilla es otro mundo. Estamos esperando que haya una primera resolución para ser los primeros en pedir responsabilidades y explicaciones. Por ahora, lo que ha creado Imbroda ha sido una comisión de investigación dirigida y controlada por él para determinar si es o no inocente". Este hecho, de arrogarse presuntamente competencias jurisdiccionales, ya ha sido denunciado por varias asociaciones, como SOS Melilla y la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, ante el Consejo General del Poder Judicial.
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