Por Juan Luis Galiacho

En España no existe, en la actualidad, una organización gremial, económica, política y hasta sindical que no actúe como grupo de presión, mediante las técnicas habituales de los lobbistas americanos. Estos lobbies surgen de la necesidad formal que tienen los políticos, empresarios, diplomáticos, etc., de resolver algunas de sus limitaciones para conseguir sus anhelados objetivos. En Estados Unidos, la actividad de lobby es algo habitual e imprescindible para hacerse escuchar en los círculos de poder, al igual que en España lo es acudir al palco de los principales equipos deportivos, a los burladeros de las plazas de toros o a las cacerías ...

Muchos son los nombres de los supuestos conseguidores o lobbistas que han actuado en nuestro país, desde Adolfo Suárez -dedicado a estas tareas tras abandonar la política- hasta el editor Jesús Polanco, pasando por el comisionista Antonio Navalón, el naviero Fernando Fernández Tapias e, incluso, el ex presidente socialista Felipe González, quien ha logrado crear en Iberoamérica un potente lobby político-mediático-empresarial-cultural, gracias a sus contactos con Carlos Slim, el multimillonario mejicano propietario de Televisa y de la compañía telefónica Telmex que consiguió gracias a la privatización llevada a cabo por el ex presidente de Méjico Salinas de Gortari, acusado de corrupción.

Hoy, en España, no está clara la frontera entre trafico de influencias y lobby profesional. Esta última actividad no está regulada todavía, pese a varios intentos fallidos, como el del parlamentario socialista Virgilio Zapatero, actual rector de la universidad madrileña de Alcalá de Henares, quien en 1994 elaboró una Proposición no de Ley instando al Gobierno para regular la función de los lobbies. Por eso, la única legislación que existe se fundamenta en el tráfico de influencias y fue fruto de la premura con que el legislador tuvo que tapar las lagunas jurídicas que se pusieron de manifiesto tras estallar el “caso Juan Guerra”. Gracia a ellas, el hermano del que fuera vicepresidente del Gobierno con el PSOE, Alfonso Guerra, se libró de la cárcel, a pesar de las múltiples pruebas policiales y judiciales. Sencillamente, porque las actividades fraudulentas que desarrollaba desde su famoso despacho de la Delegación del Gobierno en Sevilla no estaban aún tipificadas como delito.

La Ley se quedó sólo en la anécdota. Intentó maquillar las operaciones de un familiar de un alto cargo del Gobierno que, sin apenas estudios, logró culminar diversas operaciones millonarias gracias a su condición de valido. Sin embargo, el legislador no tuvo en cuenta la oscura cadena compuesta por antiguos funcionarios públicos, ex ministros incluidos, dispuestos a ofrecer sus servicios a quien tuviera la necesidad de acercarse al poder. En otros países, estos lobbies están regulados con normas de registro, ética y funcionamiento muy claras. Aquí al no existir una ley de fiducias, testaferros, ni lobbies, los llamados “conseguidores” están disfrazados de relaciones públicas, consultores o integrantes de bufetes de abogados y gabinetes de comunicación.

Hasta ahora, en España, esta actividad ha sido principalmente desarrollada por los despachos de abogados más influyentes. Los Garrigues, Cuatrecasas, Alzaga, Uría & Menéndez o Roca Junyent, junto a otros apellidos ilustres de la abogacía española, han sido los personajes que más han brillado de manera efectiva en la elaboración de leyes y en la resolución de contenciosos multimillonarios entre sus clientes y la Administración. Sin embargo, la función de lobby no figura anunciada por ninguno de ellos como actividad en un cartel publicitario que delate el carácter real de sus labores profesionales.

 De hecho, hasta 1997, el Colegio de Abogados de Madrid no permitía a los bufetes de abogados realizar publicidad de su actividad como lo haría cualquier empresa. Por eso, en el registro de este colegio profesional no se facilitan listados de bufetes sino de abogados individuales. Esta restricción informativa tiene que ver con el deseo expresado por el decanato de ese colegio de no primar a unos profesionales sobre otros facilitando referencias al público de unos bufetes en perjuicio de otros.

Junto a la influencia de los grandes despachos de abogados, los lobbies más destacados de nuestro país están formados por despachos de comunicación y de relaciones públicas. Uno de los principales es Sanchís Comunicación, que gracias a su cartera de privilegiados clientes fue comprado por la multinacional británica Incepta por unos seis millones de euros. Este despacho lleva más de 20 años en el negocio de “ganar elecciones” y gracias a sus gestiones 16 personas han sido elegidas presidente o primer ministro. Así ha llevado las campañas de políticos como Adolfo Suárez, el portugués Cavaco Silva o el peruano Fujimori.

Otro de los lobbies más importantes en España es el Instituto de la Empresa Familiar, constituido en Barcelona a principios de los 90. La vocación de influencia del Instituto quedó patente ya de entrada, cuando, poco tiempo después de su creación, en 1995, logró situar al que fuera su primer director, el economista Alfredo Pastor, como secretario de Estado de Economía durante la primera gestión de Pedro Solbes al frente de dicho Ministerio.