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El derecho al Derecho y el uso razonable del correo electrónico
Por Juan Miguel Pérez
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Esta piel de toro -tan invadida- algo tendrá cuando mucho se nos quiere a pesar de nuestras miserias. El esfuerzo para un devenir transitable por la accesibilidad al cumplimiento de la norma en plano de igualdad y el respeto en la utilización del correo electrónico, donde unos van a maitines y otros a maitinar.
Dos aspectos de nuestra globalizada España que se empeña en apurar sus límites constitucionales de forma tan torera que anoche, en presencia de la presidenta del Tribunal Constitucional y de buena parte de la flor y nata del foro jurídico, reconoció dos esfuerzos de afinamiento: los turnos de oficio de la Abogacía española y la dimensión jurídico-penal del mensaje electrónico.
Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, recuerda que, por mandato de la Constitución, en ningún caso podrá producirse indefensión.
Y Manuel Marchena Gómez, fiscal del Tribunal Supremo y doctor en Derecho, mantiene que el mensaje electrónico está amparado por la protección penal, con independencia de la significación -secreta o no- de su contenido.
Ambos recogieron de manos del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, sus respectivos premios de la Editorial La Ley -impulsada por el grupo holandés Wolters Kluwer- con motivo de cuarto de siglo en España y su vigésimo para artículos doctrinales.
Lo insólito es que la misma abogacía, apoyada por esta editorial, ha constituido un observatorio de análisis y mejora de la justicia gratuita en la asistencia al detenido (desde el momento de la detención) y los turnos de oficio en materia de violencia doméstica, extranjería, mayores, menores, discapacidad, inmigración y extranjería. Y se obliga a rendir informe anual ante un Comité de Expertos Independientes, que se encargará de dar los aldabonazos pertinentes ante las instituciones.
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