EL NACIONALISMO vasco quiere controlar la justicia según sus propios parámetros políticos nacionalistas. A ello se debe la manifestación que el lunes 29 de enero se convocó por las calles de Bilbao, antes de la citación judicial de Ibarreche.

En el adverbio “antes” está el meollo de la cuestión. Si la manifestación se hubiera convocado después de la resolución del caso, para expresar su conformidad o disconformidad con la misma, se trataría de un simple ejercicio de la libertad de expresión. Pero se celebró con anterioridad con el evidente propósito de presionar desde la calle a la institución judicial para que tuviera en cuenta dicha demostración de fuerza.

Lo que está en juego no es solamente la legalidad o ilegalidad de las reuniones con dirigentes de la ilegalizada Batasuna, que como personas individuales pueden reunirse con quien quieran, sino que la máxima autoridad autonómica les otorgue el rango de interlocutores públicos, y se entrevisten con ellos al máximo nivel para negociar/dialogar con quienes claramente buscan la ruptura del marco constitucional por la vía de la violencia.

La única forma de acabar con el llamado conflicto vasco es la de la unidad, pero la unidad de quienes apuestan por la constitución. En este caso, al menos en teoría, PSOE y PP. Si el zapaterismo, a quien no podemos considerar representativo de todo el socialismo español, se empeña en buscar alianzas con los nacionalistas, poco afectos a la idea de España y a su Constitución, e inclusive con partidos de la izquierda radical vasca, el conflicto lejos de amainar, tenderá a agravarse.

Y una justicia, parcelada y presionada por las Comunidades Autónomas, sería una expresión más del empeoramiento de la situación de España.