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El calentamiento global del planeta es el mayor problema medioambiental que se afronta en el siglo XXI. Según algunos expertos ya está ocasionando efectos muy negativos en la Tierra, y que empeorará con el paso de los años, mientras los gases siguen contaminando la atmósfera. Los glaciares se deshielan, hay animales que cambian de hábitos, aumentan las sequías, los huracanes... Para atenuarlo, la única acción posible es reducir las emisiones de gases que lo provocan y ese es precisamente el objetivo del Protocolo de Kioto, que hoy entra en vigor con un retraso de
casi ocho años desde su aprobación en 1997.
Para llegar hasta aquí, el Protocolo ha tropezado con numerosos obstáculos, el más grande en primavera de 2001, cuando el nuevo presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció que su país -que emite casi el 25% de los gases contaminantes del planeta- no ratificaría el instrumento, por el bien de la competitividad de sus empresas. Australia anunció que tampoco ratificaría el compromiso. Ello dejaba la viabilidad de Kioto en manos de Rusia. Tras muchas dudas y un intenso trabajo de presión por parte de la Unión Europea, Rusia ratificó el Protocolo el 18 de noviembre de 2004. Noventa días después, es decir, hoy, el complejo instrumento entra en vigor.
Kioto echará a andar no exento de dificultades. Las primeras ya se plantearon en la última Cumbre Mundial del Clima celebrada en Buenos Aires el pasado mes de diciembre. Y es que este año deben sentarse las bases para fijar los nuevos objetivos de reducción más allá de 2012, en los que deberían quedar incluidos los países en
desarrollo, donde muchos ya han mostrado su desacuerdo.
En España, el cumplimiento del Protocolo de Kioto va a ser más duro que en otros países europeos que empezaron antes a planificar sus actuaciones. La pasividad de los dos gobiernos del PP frente al problema del cambio climático ha agravado la crítica situación actual. Al ratificar el protocolo, España se comprometió a que sus emisiones a la atmósfera en el año 2012 fueran como mucho un 15% superiores a las de 1990, pero la realidad es que en el 2002 ya había aumentado un 32%, ahora se sitúa en un 40% y, de no mediar cambios sustanciales, podría llegarse al 45%. El Gobierno socialista, en cualquier caso, aún confía en lograr un aceptable 24% y cumplir el resto mediante los mecanismos flexibles que establece el tratado, entre ellos la compraventa de emisiones en países en desarrollo.
Por el bien del Planeta es necesario que, al menos, los países firmantes respeten este tratado. De no ser así, los expertos aseguran que se producirán más inundaciones y graves olas de calor. Además, en nuestro país este deterioro medioambiental también podría ocasionar la pérdida de un número importante de playas, como la Manga del Mar Menor, y deltas como el del
Ebro.
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