28/12/06

Los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, llamados a prestar testimonio sobre las derivaciones del caso Urbanor el próximo día 15 de marzo por la imputación que ordenó hace diez días al juez de instrucción la Audiencia provincial de Madrid, están siendo objeto en las últimas semanas de una intensa campaña de prensa que intenta entorpecer su labor como defensores, según medios judiciales.

Horas antes de la última comparecencia judicial de peritos en este largo culebrón, la agencia de comunicación que defiende las denuncias de Sentieri y San Martín contra Alcocer y Cortina en las derivaciones del caso Urbanor llamó el pasado 21 de diciembre a los medios para decir que Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez no podrían actuar más como defensores de éstos, por haber sido ellos mismos imputados. Aunque diversos medios nacionales ya se habían hecho eco de la imputación, la realidad desmintió a los acusadores, pues el juez permitió al exfiscal Peláez realizar preguntas mediante las cuales los peritos también desmintieron a los denunciantes del caso Urbanor: no fue manipulado el contrato para demostrar la inocencia de Alcocer y Cortina.

Con estas y otras argucias Pedro Sentieri y sus socios revelan deseos manifiestos de entorpecer la defensa del caso Urbanor, que les convirtió en multimillonarios pero que luego ellos mismos denunciaron cinco años y un día antes. Así se aseguraban de que ellos no podían incurrir en delito fiscal, al tiempo que intentaban evitar la prescripción del fraude del que acusaban a sus socios. Aquella operación les salió bien, y fueron indemnizados con casi 7.000 millones de pesetas de entonces, que tendrían que devolver si Alcocer y Cortina fueran exculpados.  Son los 7.000 millones de razones por lo que intentan a toda costa mantener vivo el caso.

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Los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, llamados a prestar testimonio sobre las derivaciones del caso Urbanor el próximo día 15 de marzo por la imputación que ordenó hace diez días al juez de instrucción la Audiencia provincial de Madrid, están siendo objeto en las últimas semanas de una intensa campaña de prensa que intenta entorpecer su labor como defensores, según medios judiciales.

Horas antes de la última comparecencia judicial de peritos en este largo culebrón, la agencia de comunicación que defiende las denuncias de Sentieri y San Martín contra Alcocer y Cortina en las derivaciones del caso Urbanor llamó el pasado 21 de diciembre a los medios para decir que Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez no podrían actuar más como defensores de éstos, por haber sido ellos mismos imputados. Aunque diversos medios nacionales ya se habían hecho eco de la imputación, la realidad desmintió a los acusadores, pues el juez permitió al exfiscal Peláez realizar preguntas mediante las cuales los peritos también desmintieron a los denunciantes del caso Urbanor: no fue manipulado el contrato para demostrar la inocencia de Alcocer y Cortina.

Con estas y otras argucias Pedro Sentieri y sus socios revelan deseos manifiestos de entorpecer la defensa del caso Urbanor, que les convirtió en multimillonarios pero que luego ellos mismos denunciaron cinco años y un día antes. Así se aseguraban de que ellos no podían incurrir en delito fiscal, al tiempo que intentaban evitar la prescripción del fraude del que acusaban a sus socios. Aquella operación les salió bien, y fueron indemnizados con casi 7.000 millones de pesetas de entonces, que tendrían que devolver si Alcocer y Cortina fueran exculpados.  Son los 7.000 millones de razones por lo que intentan a toda costa mantener vivo el caso.

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Los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, llamados a prestar testimonio sobre las derivaciones del caso Urbanor el próximo día 15 de marzo por la imputación que ordenó hace diez días al juez de instrucción la Audiencia provincial de Madrid, están siendo objeto en las últimas semanas de una intensa campaña de prensa que intenta entorpecer su labor como defensores, según medios judiciales.

Horas antes de la última comparecencia judicial de peritos en este largo culebrón, la agencia de comunicación que defiende las denuncias de Sentieri y San Martín contra Alcocer y Cortina en las derivaciones del caso Urbanor llamó el pasado 21 de diciembre a los medios para decir que Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez no podrían actuar más como defensores de éstos, por haber sido ellos mismos imputados. Aunque diversos medios nacionales ya se habían hecho eco de la imputación, la realidad desmintió a los acusadores, pues el juez permitió al exfiscal Peláez realizar preguntas mediante las cuales los peritos también desmintieron a los denunciantes del caso Urbanor: no fue manipulado el contrato para demostrar la inocencia de Alcocer y Cortina.

Con estas y otras argucias Pedro Sentieri y sus socios revelan deseos manifiestos de entorpecer la defensa del caso Urbanor, que les convirtió en multimillonarios pero que luego ellos mismos denunciaron cinco años y un día antes. Así se aseguraban de que ellos no podían incurrir en delito fiscal, al tiempo que intentaban evitar la prescripción del fraude del que acusaban a sus socios. Aquella operación les salió bien, y fueron indemnizados con casi 7.000 millones de pesetas de entonces, que tendrían que devolver si Alcocer y Cortina fueran exculpados.  Son los 7.000 millones de razones por lo que intentan a toda costa mantener vivo el caso.

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Los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, llamados a prestar testimonio sobre las derivaciones del caso Urbanor el próximo día 15 de marzo por la imputación que ordenó hace diez días al juez de instrucción la Audiencia provincial de Madrid, están siendo objeto en las últimas semanas de una intensa campaña de prensa que intenta entorpecer su labor como defensores, según medios judiciales.

Horas antes de la última comparecencia judicial de peritos en este largo culebrón, la agencia de comunicación que defiende las denuncias de Sentieri y San Martín contra Alcocer y Cortina en las derivaciones del caso Urbanor llamó el pasado 21 de diciembre a los medios para decir que Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez no podrían actuar más como defensores de éstos, por haber sido ellos mismos imputados. Aunque diversos medios nacionales ya se habían hecho eco de la imputación, la realidad desmintió a los acusadores, pues el juez permitió al exfiscal Peláez realizar preguntas mediante las cuales los peritos también desmintieron a los denunciantes del caso Urbanor: no fue manipulado el contrato para demostrar la inocencia de Alcocer y Cortina.

Con estas y otras argucias Pedro Sentieri y sus socios revelan deseos manifiestos de entorpecer la defensa del caso Urbanor, que les convirtió en multimillonarios pero que luego ellos mismos denunciaron cinco años y un día antes. Así se aseguraban de que ellos no podían incurrir en delito fiscal, al tiempo que intentaban evitar la prescripción del fraude del que acusaban a sus socios. Aquella operación les salió bien, y fueron indemnizados con casi 7.000 millones de pesetas de entonces, que tendrían que devolver si Alcocer y Cortina fueran exculpados.  Son los 7.000 millones de razones por lo que intentan a toda costa mantener vivo el caso.

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Los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, llamados a prestar testimonio sobre las derivaciones del caso Urbanor el próximo día 15 de marzo por la imputación que ordenó hace diez días al juez de instrucción la Audiencia provincial de Madrid, están siendo objeto en las últimas semanas de una intensa campaña de prensa que intenta entorpecer su labor como defensores, según medios judiciales.

Horas antes de la última comparecencia judicial de peritos en este largo culebrón, la agencia de comunicación que defiende las denuncias de Sentieri y San Martín contra Alcocer y Cortina en las derivaciones del caso Urbanor llamó el pasado 21 de diciembre a los medios para decir que Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez no podrían actuar más como defensores de éstos, por haber sido ellos mismos imputados. Aunque diversos medios nacionales ya se habían hecho eco de la imputación, la realidad desmintió a los acusadores, pues el juez permitió al exfiscal Peláez realizar preguntas mediante las cuales los peritos también desmintieron a los denunciantes del caso Urbanor: no fue manipulado el contrato para demostrar la inocencia de Alcocer y Cortina.

Con estas y otras argucias Pedro Sentieri y sus socios revelan deseos manifiestos de entorpecer la defensa del caso Urbanor, que les convirtió en multimillonarios pero que luego ellos mismos denunciaron cinco años y un día antes. Así se aseguraban de que ellos no podían incurrir en delito fiscal, al tiempo que intentaban evitar la prescripción del fraude del que acusaban a sus socios. Aquella operación les salió bien, y fueron indemnizados con casi 7.000 millones de pesetas de entonces, que tendrían que devolver si Alcocer y Cortina fueran exculpados.  Son los 7.000 millones de razones por lo que intentan a toda costa mantener vivo el caso.

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Los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, llamados a prestar testimonio sobre las derivaciones del caso Urbanor el próximo día 15 de marzo por la imputación que ordenó hace diez días al juez de instrucción la Audiencia provincial de Madrid, están siendo objeto en las últimas semanas de una intensa campaña de prensa que intenta entorpecer su labor como defensores, según medios judiciales.

Horas antes de la última comparecencia judicial de peritos en este largo culebrón, la agencia de comunicación que defiende las denuncias de Sentieri y San Martín contra Alcocer y Cortina en las derivaciones del caso Urbanor llamó el pasado 21 de diciembre a los medios para decir que Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez no podrían actuar más como defensores de éstos, por haber sido ellos mismos imputados. Aunque diversos medios nacionales ya se habían hecho eco de la imputación, la realidad desmintió a los acusadores, pues el juez permitió al exfiscal Peláez realizar preguntas mediante las cuales los peritos también desmintieron a los denunciantes del caso Urbanor: no fue manipulado el contrato para demostrar la inocencia de Alcocer y Cortina.

Con estas y otras argucias Pedro Sentieri y sus socios revelan deseos manifiestos de entorpecer la defensa del caso Urbanor, que les convirtió en multimillonarios pero que luego ellos mismos denunciaron cinco años y un día antes. Así se aseguraban de que ellos no podían incurrir en delito fiscal, al tiempo que intentaban evitar la prescripción del fraude del que acusaban a sus socios. Aquella operación les salió bien, y fueron indemnizados con casi 7.000 millones de pesetas de entonces, que tendrían que devolver si Alcocer y Cortina fueran exculpados.  Son los 7.000 millones de razones por lo que intentan a toda costa mantener vivo el caso.

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Los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, llamados a prestar testimonio sobre las derivaciones del caso Urbanor el próximo día 15 de marzo por la imputación que ordenó hace diez días al juez de instrucción la Audiencia provincial de Madrid, están siendo objeto en las últimas semanas de una intensa campaña de prensa que intenta entorpecer su labor como defensores, según medios judiciales.

Horas antes de la última comparecencia judicial de peritos en este largo culebrón, la agencia de comunicación que defiende las denuncias de Sentieri y San Martín contra Alcocer y Cortina en las derivaciones del caso Urbanor llamó el pasado 21 de diciembre a los medios para decir que Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez no podrían actuar más como defensores de éstos, por haber sido ellos mismos imputados. Aunque diversos medios nacionales ya se habían hecho eco de la imputación, la realidad desmintió a los acusadores, pues el juez permitió al exfiscal Peláez realizar preguntas mediante las cuales los peritos también desmintieron a los denunciantes del caso Urbanor: no fue manipulado el contrato para demostrar la inocencia de Alcocer y Cortina.

Con estas y otras argucias Pedro Sentieri y sus socios revelan deseos manifiestos de entorpecer la defensa del caso Urbanor, que les convirtió en multimillonarios pero que luego ellos mismos denunciaron cinco años y un día antes. Así se aseguraban de que ellos no podían incurrir en delito fiscal, al tiempo que intentaban evitar la prescripción del fraude del que acusaban a sus socios. Aquella operación les salió bien, y fueron indemnizados con casi 7.000 millones de pesetas de entonces, que tendrían que devolver si Alcocer y Cortina fueran exculpados.  Son los 7.000 millones de razones por lo que intentan a toda costa mantener vivo el caso.

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Los abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, llamados a prestar testimonio sobre las derivaciones del caso Urbanor el próximo día 15 de marzo por la imputación que ordenó hace diez días al juez de instrucción la Audiencia provincial de Madrid, están siendo objeto en las últimas semanas de una intensa campaña de prensa que intenta entorpecer su labor como defensores, según medios judiciales.

Horas antes de la última comparecencia judicial de peritos en este largo culebrón, la agencia de comunicación que defiende las denuncias de Sentieri y San Martín contra Alcocer y Cortina en las derivaciones del caso Urbanor llamó el pasado 21 de diciembre a los medios para decir que Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez no podrían actuar más como defensores de éstos, por haber sido ellos mismos imputados. Aunque diversos medios nacionales ya se habían hecho eco de la imputación, la realidad desmintió a los acusadores, pues el juez permitió al exfiscal Peláez realizar preguntas mediante las cuales los peritos también desmintieron a los denunciantes del caso Urbanor: no fue manipulado el contrato para demostrar la inocencia de Alcocer y Cortina.

Con estas y otras argucias Pedro Sentieri y sus socios revelan deseos manifiestos de entorpecer la defensa del caso Urbanor, que les convirtió en multimillonarios pero que luego ellos mismos denunciaron cinco años y un día antes. Así se aseguraban de que ellos no podían incurrir en delito fiscal, al tiempo que intentaban evitar la prescripción del fraude del que acusaban a sus socios. Aquella operación les salió bien, y fueron indemnizados con casi 7.000 millones de pesetas de entonces, que tendrían que devolver si Alcocer y Cortina fueran exculpados.  Son los 7.000 millones de razones por lo que intentan a toda costa mantener vivo el caso.